A 10 años de que el Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), informó a la extinta Procuraduría General de la República (PGR) de una red de contrabando textil que operaba desde ese país a territorio nacional, y a casi seis de que el Ministerio Público Federal inició una averiguación previa y aseguró cuentas de empresas y agentes aduanales, la actual Fiscalía General de la República no ha concluido la indagatoria y mantiene congelados los recursos financieros de algunos involucrados, revelan datos del Poder Judicial de la Federación.

En marzo de 2015 La Jornada informó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada había iniciado la averiguación previa PGR/UEIORPIFAM/235/2014, y con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y que constituía una de las indagatorias más importantes de la administración del presidente Enrique Peña Nieto contra funcionarios y empresas importadoras de productos textiles.

En esas fechas, funcionarios de la extinta PGR señalaron que a 297 personas morales y físicas sujetas a esta investigación también se les indagaba por la presunta evasión fiscal de más de 4 mil 56 millones de pesos.

Dentro del expediente de amparo 1064/2018, la empresa NVA México, SA de CV, solicitó la protección de la justicia federal para que se declarara inválido el aseguramiento de sus cuentas como parte del acuerdo emitido por la PGR el 16 de noviembre de 2018.

En la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se informó que el juzgado segundo de distrito determinó que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, ha incumplido en informar dentro de los primeros cinco días del mes que transcurre, sobre las gestiones que haya efectuado en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/235/2014.

Por ello el juez requirió a la actual FGR para que en el plazo de tres días, rinda informe con el que haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional los avances de la ­investigación.

De esa manera, son casi seis años de que se inició la indagatoria y casi nada se ha informado de esa investigación ni el monto de los recursos asegurados, ni del desmantelamiento de la red de contrabando.