En vísperas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre el amparo de la empresa Sanborns para que se le permita mantener la venta de cigarros electrónicos y dispositivos de tabaco calentado, organizaciones civiles advirtieron que la ley prohíbe comercializar estos productos que, además, representan un riesgo para la salud, como ya quedó demostrado en Estados Unidos con las mil 299 personas que se reportaron con daño pulmonar por el uso de vapeadores.

Por la misma causa también se han registrado 26 decesos, recordó Juan Núñez Guadarrama, coordinador de coaliciones de la organización Salud Justa Mx. Recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado en reiteradas ocasiones que los cigarros electrónicos son indudablemente dañinos, atraen a los consumidores jóvenes y la inhalación de líquidos de nicotina y saborizantes puede ser la puerta de entrada a la mezcla de otras sustancias adictivas.

Debe prevalecer derecho a la salud

En su demanda de amparo, la empresa argumenta que la Ley General para el Control del Tabaco regula el consumo y la comercialización del mismo, pero también prohíbe la importación, publicidad y comercialización de productos que no son del tabaco, cuando éstos no causan daño a la salud.

Núñez Guadarrama confió en que los ministros tomarán en cuenta la evolución que ha habido, en cuanto a afectaciones a la salud de las personas, asociadas al uso de los dispositivos electrónicos. También advirtió que debe prevalecer el interés superior del derecho a la salud de la población por encima de los intereses comerciales.

Sobre el tema, Beatriz Champagne, coordinadora de la Coalición Latinoamérica Saludable, afirmó que la resolución de la Corte será de gran relevancia para toda la región latinoamericana. Por una parte, si se tiene una decisión que protege la prohibición vigente, se garantizará el derecho a la salud de toda la población. Por el contrario, una decisión que favorezca la comercialización de cigarrillos electrónicos representará un retroceso en materia de políticas públicas de control de tabaco para el país. Además, generará un antecedente negativo para los países que ya han avanzado con prohibiciones o regulaciones estrictas, como Brasil, Uruguay o Panamá.