Miércoles 12 de febrero de 2020, p. 32
Para cumplir con el derecho humano al agua que establece la Constitución, se requiere garantizar su distribución equitativa y prioritaria a toda la población, antes de poner el líquido a disposición de usos industriales o suntuarios, plantea la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas que impulsa la Coordinadora Agua para Todos.
En ella advierte que en la actualidad las leyes permiten que los gobernadores, a través de sus comisiones estatales, dediquen recursos a grandes obras hidráulicas y firmen arreglos para privatizar los sistemas municipales de agua.
En el documento menciona que entre los proyectos a los que se han destinado recursos están el Túnel Canal General en Valle de Chalco, con 3 mil millones de pesos, así como plantas de tratamiento inoperables, trasvases construidos en violación de los derechos de los pueblos como el Acueducto Independencia en Sonora.
Detalla que a nivel local el presidente municipal nombra al director del organismo a cargo de servicios de agua y saneamiento junto con todos los integrantes del consejo administrativo. Los recursos del organismo terminan financiando campañas electorales, y el acceso al agua sirve para influenciar el voto. Los dictámenes de factibilidad para nuevos servicios hidráulicos son otorgados según criterios que poco tienen que ver con la disponibilidad de agua
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Plantea que la resolución de las crisis del agua tiene que ver con la construcción de instancias participativas –que involucren a los ciudadanos– en los planes y las recomendaciones requeridos para lograr la transición hacia el acceso equitativo y sustentable al líquido, en un contexto de respeto por los derechos humanos y de los pueblos indígenas.
Propone un plan municipal para el acceso equitativo y sustentable al agua y saneamiento para guiar el proceso de cumplimiento progresivo de este derecho humano. Indica que ese plan se impulsará entre los sistemas comunitarios y su ejecución será obligatoria. La iniciativa busca sentar las bases para la construcción de una nueva institucionalidad centrada en la planeación y el consenso con la ciudadanía.