La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a México, El Salvador, Guatemala y Honduras a abstenerse de recurrir al uso de la fuerza como respuesta a la llegada de movimientos migratorios masivos, garantizar la no detención migratoria y priorizar los medios de evaluación del interés superior de la niñez, así como de la unidad familiar.

El organismo interamericano recordó que el uso de la fuerza en operativos migratorios debe ocurrir únicamente en observancia de los principios de finalidad legítima, absoluta necesidad, proporcionalidad y progresividad.

Este órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos hizo referencia a la caravana de migrantes conformada el 15 de enero de 2020 en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, que alcanzó la frontera con México entre el 18 y el 20 del mismo mes.

A propuesta del Estado mexicano, la entrada de personas al territorio nacional se llevó a cabo de manera fragmentada, lo que generó largas esperas en la frontera, produciendo a la vez episodios preo-cupantes de uso de la fuerza por la Guardia Nacional ante la insatisfacción de las personas retenidas en el paso fronterizo por horas.

La CIDH anunció que el organismo interamericano llevará a cabo una visita a las fronteras sur y norte de México, cuya fecha está por confirmarse en los próximos días.

Los movimientos migratorios a que asistimos hoy son crecientes y se seguirán incrementando, y los Estados deben cumplir su misión institucional con el respeto profundo de los derechos humanos de las personas migrantes y al debido proceso legal en todos los trámites de su interés, advirtió la comisionada Julissa Mantilla Falcón, relatora sobre los Derechos de los Migrantes.

Por otro lado, la comisión otorgó medidas cautelares a favor de pobladores de las zonas aledañas al río Santiago, tras considerar que se encuentran en situación de riesgo de daño irreparable a sus derechos a raíz de una presunta contaminación ambiental en este cuerpo de agua y el lago de Chapala en Jalisco.

La CIDH advirtió que la principal medida aplicada por el Estado, plantas de tratamiento de aguas residuales, no es idónea contra la contaminación producida debido a residuos industriales que se encontrarían.