La Cámara de Diputados y el Senado se pronunciaron por la erradicación de la violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como por la solución del conflicto y el pronto restablecimiento de las actividades en las instalaciones tomadas.

La cámara alta condenó todo tipo de violencia contra las mujeres y cualquier individuo de la sociedad, y reprobó los recientes hechos de vandalismo en la máxima casa de estudios.

El pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) destaca que se reconoce y acompaña la exigencia de justicia de la comunidad estudiantil, refrendando su compromiso con la lucha por el respeto de sus derechos, siempre en apego a la fuerza de la razón y el diálogo.

El Senado reafirmó el apoyo a las acciones de mesura y firmeza de la rectoría de la UNAM y llamó al restablecimiento del orden y la legalidad en la máxima casa de estudios, al tiempo que solicitó a la comunidad no caer en provocaciones y realizar las denuncias para dar continuidad a la aclaración de todos los casos de acuerdo con la ley universitaria.

La presidenta del Senado, Mónica Fernández, recordó que desde noviembre de 2019 varios planteles de la UNAM se encuentran en paro en exigencia de atención a los casos de violencia contra mujeres, así como el cese de profesores señalados de acoso sexual contra alumnas.

La Cámara de Diputados exhortó por su lado a preservar la autonomía de la UNAM, resolver el conflicto sin violencia, atender las demandas de la comunidad, sobre todo las denuncias de acoso sexual, así como a restablecer sus actividades lo más pronto posible.

En una sesión en que Morena cuestionó que la respuesta de las autoridades universitarias a la violencia de género ha sido el silencio, el pleno aprobó un punto de acuerdo para expresar su preocupación por los paros.

Además, el pleno expresó su rechazo a toda forma de violencia y se pronunció por que la comunidad universitaria y sus autoridades mantengan en todo momento la disposición al diálogo constructivo, inclusivo y abierto, que permita atender las denuncias y demandas legítimas de los estudiantes sobre la prestación adecuada de servicios, garantizar la seguridad de la comunidad y el cese de la violencia de género.