La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados emitió opinión positiva al proyecto de decreto de adición a la Ley General de Salud en materia de interrupción legal del embarazo y salud sexual y reproductiva, para permitir a nivel nacional ejercer ese derecho antes de las 12 semanas de gestación.

El documento fue elaborado en la Comisión de Salud, y al ser propuesto a la de Igualdad de Género, ésta se pronunció por garantizar los derechos sexuales y reproductivos y pugnar por una libertad de conciencia, además de que las instituciones de salud realicen sin objeción la interrupción legal del embarazo a las mujeres que así lo soliciten.

Coincidimos con esta propuesta, toda vez que abona al avance de los derechos de las mujeres y en lo establecido en diversos tratados y criterios de órganos internacionales, refirió la presidenta de ese grupo de trabajo, Wendy Briceño.

La adición a la Ley General de Salud contiene modificaciones para que las instituciones de atención cuenten con personal no objetor de conciencia para llevar a cabo este procedimiento. Y a quienes soliciten el aborto se les otorgue consejería médica y social con información veraz y oportuna. Una salvedad también se anota en los artículos transitorios de la ley, al establecerse que se derogan todas las disposiciones que se opongan al decreto una vez entrado en vigor.

La presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez (Morena) abundó en torno a los perjuicios sociales del aborto clandestino, pues continúa causando una de cada 13 muertes maternas; no obstante, en la Ciudad de México, después de su legalización, no se ha reportado ninguna defunción por esta causa.

La oposición a esa postura provino de Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN), quien reiteró que el primer derecho de la persona es la vida y, por tanto, se debe trabajar y legislar en la prevención del embarazo adolescente y los no deseados mediante la impartición de educación sexual, paternidad responsable y mejorar los procesos de adopción.

Del partido Encuentro Social, Adriana Paulina Teissier Zavala reprochó el contenido del proyectode dictamen argumentando que todo individuo tiene derecho a la vida y el aborto es la muerte de un ser vivo y constituye la intención de acabar con una vida humana.

Saraí Núñez Cerón, de Encuentro Social, consideró que el aborto es claramente un homicidio intrauterino. No es posible que en un país bañado en sangre e impera la cultura de la muerte, se insista en proceder a favor del aborto: nuestra obligación como diputados es proteger el derecho a la vida.

Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, salió en defensa del texto porque la vida de las mujeres depende de una legislación que garantice sus derechos, por lo que la interrupción legal del embarazo permitirá que aquellas que lo realicen sea de manera segura.

Finalmente, al someterse a votación, la mayoría de los integrantes de la comisión se manifestaron a favor de implementar esa medida en el ámbito federal.