Buenos Aires. El polémico juez Claudio Bonadío murió ayer a los 64 años, víctima de un tumor canceroso, al parecer en la cabeza, que lo llevó a una cirugía a finales del año pasado.

El magistrado cobró relevancia por no dar tregua a la vicepresidenta y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su familia desde que ésta ocupó el Ejecutivo entre 2007 y 2015, y también contra muchos de sus ex funcionarios, especialmente durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2919), cuando amplificó su especialidad de armar causas falsas, por lo que ha sido denunciado en estos tiempos.

Llegó a su cargo en medio de un escándalo al cual se llamó en los años 90 los jueces de la servilleta porque su nombre figuraba en una servilleta anotado por el ex ministro del Interior del ex presidente Carlos Menem (1989-1999), para ser favorecido –junto a otros amigos– con un nombramiento sin pasar por concurso.

Tenía más de 50 causas abiertas y demandas. En septiembre de 2001 asesinó a tiros a dos jóvenes que supuestamente intentaron asaltarlo, uno de los cuales estaba desarmado y el otro recibió un disparo por la espalda. Nunca se cerró ese caso ni otras denuncias elevadas al Consejo de la Magistratura, donde nadie hizo nada.

Fue el preferido del partido judicial macrista que persiguió al kirchnerismo. Llegó a ser comparado con el juez brasileño y ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, a quien han llamado el verdugo del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El fallecido juez acumulaba denuncias por extorsión, especialmente en los últimos tiempos.

Fernández de Kirchner presentó antier un escrito judicial de unas 70 páginas en el cual describe una de las más acabadas formas de persecución contra ella y su familia. Además de intentar llevarla a la cárcel, por decisión de Macri, Bonadío armó casi una decena de causas falsas, como la que se basó en las fotocopias no certificadas de cuadernos supuestamente escritos por el chofer de un ex viceministro para acusar a Fernández de Kirchner a funcionarios y a empresarios a los cuales extorsionó –como está denunciado– en sociedad con el fiscal Carlos Stornelli.

Su utilización del memorando de entendimiento firmado por el fallecido ex canciller Héctor Timerman y la cancillería de iraní para tratar que jueces argentinos viajaran a Teherán para indagar a ex funcionarios de Irán, acusados sin pruebas por Estados Unidos e Israel, para tratar de aclarar al fin, el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, sucedido en 1994, es modelo de inequidad judicial.

Nunca entró en vigor dicho documento, pero trató de forzar una causa ilegal. Bonadío impidió que Timerman, afectado por un cáncer de hígado, pudiera viajar a Estados Unidos para tratarse médicamente. Cuando lo autorizó ya era tarde.

También es considerada como una canallada antijurídica los desesperados intentos de acusar de la muerte –suicidio– del ex fiscal Alberto Nisman en enero de 2015 al gobierno de Fernández de Kirchner, negándose a recibir testimonios y pruebas que están vigentes. Dos veces pidió desaforar y detener a Cristina Fernández Kirchner.

Seguramente Bonadío iba a terminar sus días en una cárcel, condenado por los graves delitos de extorsión y persecución ilimitada, al surgir en estos días una cantidad sorprendente de pruebas que muestran la inocencia de varios de sus acusados, detenidos ilegalmente, pero en este caso no se hizo justicia.