El Senado llevará a cabo el 12 de febrero la sesión de parlamento abierto en materia de subcontratación, mejor conocido como outsourcing, en el que participarán los titulares del IMSS, Zoé Robledo; del Infonavit, Carlos Martínez; de la UIF, Santiago Nieto, y del SAT, Raquel Buenrostro.

Además, se tiene prevista la participación de los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, y del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, así como los presidentes de la cúpula empresarial: CCE, Coparmex, Concamin, Concanaco, Canacintra, American Chamber of Commerce México, entre otros.

Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado, resaltó que la subcontratación laboral no desaparecerá, sino que se regulará para evitar que las empresas simulen que no existe una relación laboral para evadir el pago de impuestos y sus contribuciones al Seguro Social, práctica que hoy afecta a más de 8 millones de trabajadores en el país.

El senador refirió que, de acuerdo con reportes de las autoridades fiscales, la evasión de empresas de outsourcing ilegal es de poco más de 500 mil millones de pesos, que en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social representa una pérdida de 50 mil millones de pesos.

Gómez Urrutia detalló que en la Ley Federal del Trabajo se establece que el trabajador bajo el régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios junto con sus empleados en favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.

El también dirigente minero reconoció que esa figura es necesaria para el desarrollo de diversas actividades y funciones que algunas empresas o entidades públicas llevan a cabo, y que muchas veces, por cuestiones de estructura, recursos financieros y/o humanos se ven limitadas a efectuarlas por sí solas.

Explicó que aun cuando el outsourcing pudiera estar justificada, en la práctica muchas empresas han desvirtuado su razón de ser, convirtiéndola en un medio de explotación laboral para las personas trabajadoras, violando sus derechos laborales y de seguridad social.