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Gremio de Gómez Urrutia exige retiro del grupo que en 2018 reinició actividad en la mina San Martín
 
Periódico La Jornada
Martes 4 de febrero de 2020, p. 10

Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desechar la revisión de un amparo en relación con el reconocimiento de la huelga en la mina San Martín, de Sombrerete, Zacatecas, estallada en julio de 2007, el sindicato minero encabezado por el senador Napoleón Gómez Urrutia señaló que ahora el gremio que reinició actividades en esas instalaciones en agosto de 2018 debe retirarse o se requerirá el uso de la fuerza pública.

En un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana explicó que esta determinación ratifica que es ilegal el contrato colectivo de trabajo que firmó la empresa Industrial Minera México, filial de Grupo México, con otro gremio dela Federación Nacional de Sindicatos Independientes, para reiniciar actividades en agosto de 2018.

Recordó que el recurso de revisión fue presentado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Exploración y Beneficios de Minas de la República Mexicana e Industrial Minera México, como terceros interesados, en contra de la resolución del primer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, que en su momento ratificó el amparo concedido por el juzgado séptimo de distrito en materia de trabajo de la Ciudad de México.

Detalló que la organización sindical presidida por Gómez Urrutia obtuvo la protección de la justicia en noviembre pasado, lo cual obligó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a dejar sin efecto el laudo emitido el 2 de abril del 2019 y tendría que emitir otro en el que determine que no se puede conformar el padrón de trabajadores con derecho a voto, para desahogo de la prueba de recuento, con documentos relacionados hasta junio de 2007.

Agregó que la mina fue reabierta luego de que la empresa y el sindicato patronal de minas firmaron un nuevo contrato colectivo de tra­bajo que carece de validez, toda vez que el ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes ante el tribunal y de las solicitudes que se presenten. Recordó que la huelga comenzó hace 12 años por diversas violaciones a los derechos laborales que no fueron atendidas por la empresa de Grupo México, la cual acusó de ilegal al movimiento sindical.