El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, propuso a Morena una reforma que dé a esa instancia autonomía e independencia operativa, y sostuvo que en el sexenio pasado el sobrecosto de medicamentos fue un robo en despoblado.

En la reunión que el viernes pasado sostuvo con los diputados de Morena, y como se precisa en la relatoría, también la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, mencionó que muchos estados y municipios deben cuotas al Issste, por ejemplo, Veracruz debe 12 mil millones de pesos.

Durante su exposición a los legisladores, Nieto refirió que, como parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), México debe cumplir con las 40 recomendaciones de abril de 1990, que buscan hacer un plan de acción para combatir el lavado de dinero.

Al respecto, planteó que el Congreso debe aprobar reformas legales de combate al terrorismo y lavado de dinero, entre otros la autonomía técnica y de gestión de la UIF; prevenir el financiamiento al terrorismo con modificaciones a los artículos 2 y 6 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

También se identificará y monitoreará a las personas políticamente expuestas, así como a los beneficiarios finales, y presentó como ejemplo el caso Odebrecht, donde el beneficiario final fue Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, prófugo de la justicia.

Además, se buscará vigilar a fideicomisos, reportar operaciones sospechosas y capacitar a los trabajadores de las empresas con actividades vulnerables.

En la relatoría se señala: Respecto al combate al terrorismo, comentó que si bien es cierto que en México no hay terrorismo, el estar cerca de Estados Unidos nos obliga a tomar medidas preventivas.

Refirió que entre los riesgos de México persiste el narcotráfico, y que ha repuntado el uso de efectivo, así como de dólares y el tráfico de pesos.

En la sesión de preguntas y respuestas, Nieto respondió a la preocupación de Lorena Villavicencio respecto de la reforma que pretendía aplicar la extinción de dominio a cuentas y que los bancos notificaran a los clientes.

El funcionario aceptó que sólo el Ministerio Público y no la UIF puede solicitar la extinción de dominio, pero consideró que la corrupción política reduce la presunción de inocencia, es decir, el servidor público tiene limitado el derecho al honor, a la vida privada y a la difamación. Además, ponderó que la UIF no cuenta con los domicilios de las personas y los bancos sí.

Por su parte, la titular de la Secretaría de la Función Pública consideró que en materia de extinción de dominio no necesariamente se vulneran los derechos humanos, ya que se utilizarían esos recursos para beneficio de la población.