Sólo 2 por ciento de los titulares de concesiones de agua concentran 70 por ciento del volumen que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) puede otorgar para uso agrícola, industrial o urbano. A su vez, 25 millones de mexicanos sólo la tienen unos cuantos días a la semana, y otros 17 millones la obtienen en condiciones precarias, señalan organizaciones integradas a la coordinadora Agua para Todos, que presentará esta semana la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas.

En la exposición de motivos se menciona que la mayor parte de la población depende de las 114 cuencas y 115 acuíferos que han sido sobreconcesionados, mientras 60 por ciento de los cuerpos de agua sufren contaminación. Ante este panorama, el gobierno federal busca este año que el Legislativo emita la respectiva ley.

Desde que en 2012 se incluyó en la Constitución el derecho humano al agua, la ley que debería reglamentar eso no se ha aprobado. El sexenio pasado estuvo a punto de salir una con un sesgo privatizador de los servicios y que también promovía los trasvases del líquido, entre otros aspectos, que fueron rechazados por las organizaciones y legisladores de la oposición.

Desde el año pasado la Conagua ha realizado foros en los que participan los sectores social, privado y gubernamental, pero la coordinadora Agua para Todos ha elaborado una iniciativa propia con la que se busca establecer las bases para la participación ciudadana, de los pueblos y de los gobiernos para su manejo, así como el de las cuencas de una manera que permita cumplir con el derecho humano y de los pueblos, garantizando nuestra soberanía.

El centro de la iniciativa es un rediseño institucional, para lo cual propone que la Conagua cuente con organismos ejecutores a nivel nacional, regional y local que se responsabilicen de ejecutar los planes y recomendaciones de su respectivo Consejo de Aguas y Cuencas.

Plantea que en una primera fase se construirá el sistema desde los 26 actuales Consejos de Cuenca, en vez de los 13 actuales organismos y 19 oficiales locales de la Conagua, habría 26 organismos regionales, cada uno seguirá como responsable de la ejecución de los planes y acuerdos de su respectivo Consejo Regional.

Los servicios de agua y saneamiento serán otorgados por sistemas municipales o comunitarios sin la intervención de empresas privadas. En el caso en que el gobierno estatal sea el proveedor, los usuarios de cada municipio en su zona de servicio contarán con su propio consejo democratizado, con voz y voto en el consejo de administración del sistema estatal.

La coordinadora indicó que comprendemos que estas propuestas enfrentarán una enérgica oposición por parte de los intereses que han controlado la Conagua y las comisiones estatales en los recientes sexenios, pero existen condiciones para un cambio aún más profundo del que fue impuesto por Carlos Salinas de Gortari al convertir nuestras aguas nacionales en bienes de mercado con la Ley de Aguas Nacionales en 1992