El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) buscar y dar a conocer toda la expresión documental que dé cuenta de las acciones desarrolladas para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) contra el Estado mexicano por violaciones a garantías cometidas por militares, incluyendo los casos de las mujeres indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de tortura sexual por parte de elementos del Ejército en Guerrero.

En su más reciente sesión, el pleno del instituto concluyó que la Defensa Nacional deberá dar a conocer los programas o cursos permanentes y obligatorios de capacitación y formación en derechos humanos para el personal militar, a partir de las resoluciones de la Coridh.

La información deberá incluir los límites en la interacción entre el personal militar y la población civil, género y derechos indígenas, dirigidos a los miembros de las fuerzas armadas, en todos los niveles jerárquicos, para el periodo del mes de septiembre de 2010 a 2015, así como de 2017 a 2019, detalló ayer en un comunicado el área de prensa del Inai.

Al presentar el asunto ante el pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena recordó que, en los dos acontecimientos registrados en 2002, entre otras conductas violatorias de derechos humanos, se ejerció violencia sexual contra mujeres indígenas por personal castrense.

Ambos casos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, en sus sentencias correspondientes, sostuvo que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, por el incumplimiento de los deberes de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación, precisó.

La comisionada ponente dijo que garantizar el derecho a saber en estos casos, posibilita el escrutinio de la ciudadanía sobre el desempeño de la Sedena en el cumplimiento de las actividades de capacitación en materia de derechos humanos, con relación a los hechos en los que se determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la instancia internacional mencionada.