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El Estado mexicano estigmatiza la defensa de migrantes: ONG

Aunque fue revocada la prohibición de ingresar a estancias, persisten obstáculos para desarrollar su labor, se quejan

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▲ Momento en que centroamericanos rompieron el cerco de la Guardia Nacional en la orilla del río Suchiate, el pasado 20 de enero.Foto Víctor Camacho
 
Periódico La Jornada
Sábado 1º de febrero de 2020, p. 12

La medida de suspensión temporal del ingreso a estaciones migratorias y estancias provisionales de integrantes de asociaciones religiosas y miembros de asociaciones de sociedad civil que había tomado el Instituto Nacional de Migración (INM) no es una medida aislada, sino se suma a las acciones del Estado mexicano que buscan estigmatizar, obstaculizar y criminalizar la labor de personas y organizaciones que defienden los derechos humanos de la población migrante y en necesidad de protección internacional, expuso un grupo de organizaciones internacionales.

El 28 de enero, mediante un oficio, el INM había implementado esta medida que fue desconocida por la Secretaría de Gobernación. Antier, jueves, organizaciones se reunieron con autoridades mexicanas y acordaron, entre otros puntos, revocar el documento.

Sin embargo, organizaciones como Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), denunciaron que esta postura no ha sido aislada.

Antes de la publicación del oficio, organizaciones de sociedad civil, como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, denunciaron que autoridades mexicanas les negaron la autorización de acceder a estaciones migratorias para verificar la situación de derechos humanos de las personas ingresadas. Luego de la publicación del oficio, esta negativa se extendió a la mayoría de las instalaciones migratorias del país.

Ante ello, las organizaciones fir­mantes, entre ellas el colectivo Dignidad Sin Fronteras, San Salvador, El Salvador Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC/USA), denunciaron que al obstaculizar la labor de las organizaciones de sociedad civil, México deja en total desprotección a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, limita su acceso a la justicia y al debido proceso, y las expone a graves riesgos para su integridad y su vida.

México también incumple su obligación de garantizar las condiciones necesarias para que las personas y organizaciones defensoras puedan ejercer su labor sin obstáculos y de manera segura, afirmaron.