Como acto de prudencia y sensatez calificaron ayer consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) la instrucción presidencial para que la Secretaría de Gobernación (SG) no insista en que le entreguen los datos biométricos de los empadronados, a fin de expedir la cédula de identidad.

Esa decisión protege y salvaguarda el padrón electoral, señaló el consejero Marco Antonio Baños, quien destacó que el INE mantiene su disposición a dialogar con el gobierno federal para encontrar un mecanismo jurídico adecuado que permita tener la cédula.

Puntualizó que si bien la Ley General de Población faculta a la SG para solicitar la información de otras dependencias de la administración pública, el INE es un organismo autónomo y no forma parte de la estructura del gobierno federal. Insistió en que hay razones fundadas para que el órgano electoral se oponga a transferir los datos biométricos, entre ellas que está obligado a mantener bajo buen resguardo la información de los ciudadanos que está en el padrón, y el hecho de que el listado constituye la columna vertebral de la confianza en las elecciones.

En tanto, su homóloga Pamela San Martín destacó que los datos propocionados por los ciudadanos al INE no son propiedad del instituto, sino de las personas, quienes los entregaron con un fin específico y por tanto no puede transferirlos a una dependencia gubernamental.

No obstante, dijo que hay medidas que se pueden adoptar sin la entrega de los datos biométricos para garantizar el derecho a la identidad, como el establecimiento de mecanismos de colaboración con Gobernación para aprovechar la infraestructura instalada del INE en sus módulos de atención ciudadana y dotar a los menores de edad de su cédula.

Agregó que durante la reunión con la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el INE propuso mecanismos de autenticación y cruce de datos sin necesidad de su entrega, como los que ya se utilizan con instituciones bancarias y para la identificación de fallecidos.