Cuatro de los principales conflictos ambientales que existen en el país ya no se atienden sólo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sino que pasaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) e intervienen varias dependencias federales. Se trata de los casos de la vaquita marina y la pesca ilegal de la totoaba en el Alto Golfo de California; el rechazo de habitantes de Jalisco a la operación de la presa El Zapotillo y el problema agrario de la reserva de la biosfera Montes Azules en Chiapas.

Sobre el caso de la vaquita marina, en riesgo de extinción, pasó a Gobernación porque se trata de un tema que rebasa lo ambiental y es de seguridad, ya que está involucrado el crimen organizado en el comercio ilegal del buche de totoaba que se cotiza más caro que la cocaína, señaló la Semarnat. Indicó que los pescadores están desesperados y reclaman regresar a sus propias artes de pesca.

El 16 de enero se realizó una reunión en la Secretaría de Gobernación en la que participaron los principales dirigentes de las cooperativas pesqueras del Alto Golfo de California, así como representantes de las secretarías de Medio Ambiente, Agricultura y Marina. En este conflicto están involucrados varios actores, además de los pescadores, ya que el buche de la totoaba pasa por Estados Unidos para ser comercializado en China. Además tiene que ver con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, ante la cual México debe presentar medidas para resolver el tema.

Otro caso que se lleva en una mesa en Gobernación es la presa El Zapotillo, construida sobre el río Verde en Jalisco. Participan la Conagua, Semarnat, los gobiernos estatales y habitantes que se oponen a su operación porque se inundarán los poblados Temacapulín, Acasijo y Palmarejo.

Esta obra se licitó en 2005, ganaron las empresa española Fomento de Construcciones y Contratos, así como las mexicanas La Peninsular y Grupo Hermes; en 2011 la española Abengoa ganó la construcción y operación del acueducto que llevaría el agua de la presa a León. Hay un fallo judicial que ordena dejar la cortina en 80 metros, mientras los gobiernos de Jalisco y Guanajuato buscan que se amplíe a 105 metros. La última propuesta es colocar diques para evitar que esto suceda.

El conflicto agrario en la selva lacandona entre Bienes Comunales Zona Lacandona, integrado por choles y tzeltales, con los lacandones, se agravó el año pasado, luego de que los primeros fueron elegidos autoridades en la zona, lo cual no había sucedido antes, y determinaron suspender un contrato de arrendamiento que tenían con las asociaciones Natura y Ecosistemas mexicanos. Los representantes lacandones desconocen a las nuevas autoridades, piden el deslinde de sus territorios y el respeto a la reserva de la biosfera Montes Azules. Por otro lado, la proliferación de sargazo en el Caribe lo lleva la Secretaría de Marina, la cual desde el año pasado coordinó los trabajos.