ras dos entregas anteriores sobre cambio climático, transición energética y el gobierno de la 4T ( La Jornada, 31/12/19 y 14/1/20), esta vez delineamos lo que debería ser una ruta antineoliberal de transición hacia energías renovables, la cual resulta obligada para enfrentar la crisis climática. Esta discusión está vigente en al menos tres instancias del gobierno federal: la Semarnat apoyada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el Conacyt y la Secretaría de Energía (Sener). En cada equipo se analizan datos, tendencias, escenarios y se trazan opciones, que deberán confluir en una propuesta consensuada. Pero además se ha organizado un grupo selecto de especialistas, con tres y cuatro décadas de experiencia, coordinado por el doctor Claudio Estrada (Instituto de Energías Renovables de la UNAM), que trabaja en una propuesta para el despliegue a gran escala de las energías renovables.

Bajo la batuta del gobierno de la 4T la transición energética debe contemplar al menos tres aspectos nodales: la soberanía del país, la emancipación social y el potencial de recursos energéticos renovables en una nación esencialmente petrolera, donde la adicción a los combustibles fósiles (89.6 por ciento) rebasa al promedio mundial (83.2). Tampoco puede ignorarse que el gobierno actual transita, en esta materia, a contracorriente de lo impuesto por los gobiernos neoliberales de los dos últimos sexenios que cristalizaron en la llamada reforma energética, la cual estuvo dirigida a facilitar los negocios del capital corporativo trasnacional (privatización) y a reducir y aniquilar a las dos principales instituciones públicas del país: Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Dos resultados mayores de esta política perversa antinacional ha sido la creciente dependencia del país en cuanto al abasto de gas y de gasolinas. Bastarían unos pocos días para provocar el colapso energético de México, si Estados Unidos cierra el abasto de esos dos combustibles. Estamos entonces en una situación endeble que obliga a garantizar en lo inmediato la soberanía y seguridad energéticas del país. Aquí también se relaciona la necesidad de agregar valor a los hidrocarburos en la fase final de su uso, que según la Sener es de apenas ocho años.

El segundo aspecto tiene que ver con la emancipación social, con el principio central de la 4T de primero los pobres, y ello nos traslada al concepto de justicia energética. La transición no sólo debe garantizar la suficiencia energética de los marginados, sino como veremos, los debe convertir en productores de energías renovables. Finalmente, se debe considerar un hecho fundamental: nuevamente México es una de las naciones más ricas en fuentes de energía renovable del mundo, en cantidad y en variedad: irradiación solar, viento, fuentes de agua, biomasa, geotermia y mareas. Bastaría aprovechar al máximo la energía solar de una superficie de 55 kilómetros cuadrados del desierto de Sonora para satisfacer ¡toda la necesidad energética de México!

Estos tres condicionantes hacen mirar el panorama con optimismo, siempre y cuando la 4T transite por una ruta antineoliberal, es decir, que escape de la que trazan los intereses corporativos y su modelo (que hoy reclaman participación, como señaló J. Boltvinik en estas páginas). Ello implica dar un giro total a la manera de concebir el uso de las energías. El gran secreto es que las energías renovables permiten aprovechar el flujo energético cambiando las estructuras que lo contienen y conducen. Una familia, una comunidad, un barrio, una cooperativa, un municipio, pueden producir energía renovable para su uso y distribución mediante dispositivos sencillos y baratos, gestando sistemas locales, descentralizados y autosuficientes, es decir, trasladando el poder energético del capital y del Estado a la sociedad misma. ¡Vaya revolución! Granjas solares, microturbinas eólicas, microhidroeléctricas, biodigestores, etcétera. Y ahí donde sea necesario empresas públicas y/o privadas gestando, por ejemplo, centrales termosolares. En la misma línea la 4T debe iniciar la reconversión hacia automotores eléctricos creando su propia empresa pública aprovechando que el país es rico en litio, necesario para los acumuladores. De hoy a 2030 las ocho principales empresas automotrices del mundo estarán invirtiendo 120 mil millones de dólares en autos eléctricos. Sólo la planta en China de Tesla construirá 200 mil autos para 2022 y medio millón para 2024.

En suma, la 4T está en posibilidad de iniciar una ruta antineoliberal de transición energética soberana, ciudadana, descentralizada, de pequeña y mediana escala, y de empoderamiento social. Ello implica gestar nuevas instituciones, producir ciencia y tecnología, equipos, bienes de capital, industrias y formación de recursos humanos; pero también modificar leyes, normas, incentivos fiscales, financiamientos y subsidios. Ojalá lo veamos.