Mientras México parece seguir el camino de las cárceles administradas por empresas privadas, en Estados Unidos y otras partes del mundo se desata una discusión en torno a la ética de ese negocio, pues se cree que entre mayor es el número de reclusos, más elevado es el monto de las ganancias de las compañías que las rigen.

In The Public Interest, organización civil estadunidense, encontró que de 62 contratos de empresas de prisiones privadas con gobiernos locales revisados, en 65 por ciento se encontraron cláusulas que obligan al gobierno a garantizar una ocupación mínima de 80 a 100 por ciento de camas. Esto, aunque la tasa de criminalidad disminuya.

Cuantas más camas y gente hay en prisión, mayores beneficios obtienen. Y cuanto menos gastan, más dinero ganan, señala el organismo en un estudio.

Lo anterior no es la única forma que tienen para obtener recursos. La política penitenciaria de Estados Unidos también es famosa por ser parte fundamental de su sistema económico. Y es que no sólo están construidas y administradas por empresas privadas, sino los detenidos trabajan para las corporaciones involucradas, lo que les deja ganancias millonarias al acceder a mano de obra barata.

Ha trascendido por denuncias públicas de organizaciones civiles que migrantes detenidos son obligados a trabajar limpiando o cocinando por sólo un dólar al día.

Ello ha hecho que políticos estadunidenses se hayan pronunciado en favor de restringir el funcionamiento privado de las cárceles públicas. Además, que grandes bancos manifestaran que dejarán de dar financiamiento a los operadores de cárceles privadas, toda vez que su manera de operar afecta su reputación.

Se estima que aunque Estados Unidos sólo representa 5 por ciento de la población mundial y tiene casi la cuarta parte de los presos del planeta. Su tasa de encarcelamiento es de cinco a 10 veces más alta que en otros países, por lo que cada año la nación gasta más de 80 mil millones de dólares en el funcionamiento de su sistema penitenciario.

En el caso de México, afirma Héctor Segovia, catedrático de la carrera de derecho en la Universidad La Salle, la implementación de cárceles privadas se dio por el constante crecimiento de la población detenida; sin embargo, desde hace años va a la baja, lo cual hará que ese tipo de esquema difícilmente pueda crecer en el país más allá de los ocho penales en esa situación que hoy existen.

En comparación con Estados Unidos, nosotros estamos lejos. Son pocas las empresas que manejan centros penitenciarios, y ni siquiera lo hacen en su totalidad. También hay casos en los que los reos trabajan para las empresas, pero no son muchos. No es algo que se tenga documentado, expresó el especialista en el sistema penal mexicano.

En días pasados, Miguel Sámano Peralta, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la 60 Legislatura, aseguró que se volverán a impulsar las iniciativas para construir dos nuevos penales en el estado de México. Esto, bajo el esquema de asociaciones público-privadas, lo que se sumaría a los ocho Centros Federales de Readaptación Social que el gobierno de Felipe Calderón dio a administrar a compañías privadas.