Tepic, Nay., Tras dos ataques armados en menos de 30 días en contra del fundador y vocero del grupo ciudadano Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios, quien ha denunciado la corrupción del gobierno del priísta Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), familiares, amigos y políticos locales marcharon en repudio de esos actos de violencia, cometidos a plena luz del día, uno de ellos cuando iba acompañado de su hija.

Al frente de la marcha, la cual se desarrolló la tarde del martes, estuvieron los diputados locales Ana Érika Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática; Ismael Duñalds (independiente) y el alcalde de Tepic, el perredista Javier Castellón Fonseca, quienes con un grupo de ciudadanos sostuvieron una enorme manta con la leyenda: La lucha es de todas y todos.

Al grito de: ¡Rodrigo, no estás solo!, los manifestantes, la mayoría vestidos con playeras blancas, arribaron al palacio de gobierno, donde los recibieron el mandatario del estado, el panista Antonio Echevarría García; el fiscal general, Petronilo Díaz Ponce, y el secretario general de Gobierno, Antonio Serrano Guzmán.

En un documento leído y posteriormente entregado a los funcionarios, el grupo señaló que los ataques contra el activista “se suman a una larga cadena de hostigamiento, calumnias y amenazas.

Exigimos castigo conforme a la ley para aquellos que en el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda abusaron de su poder para enriquecerse ilegalmente a través de amenazas, secuestro y extorsión.

Demandaron además reforzar la seguridad para Rodrigo González, su familia y los integrantes de la comisión, y que se aceleren los procesos legales para llevar ante la justicia a los agresores y a los responsables de los delitos que el activista ha denunciado.

Echevarría García reiteró su apoyo a González Barrios en la búsqueda de la verdad y en defensa de las causas ciudadanas.

La Comisión de la Verdad ha denunciado ante la Fiscalía General de Nayarit y el Congreso del estado a Roberto Sandoval y a varios de sus ex colaboradores por desvío de recursos públicos, abuso de autoridad y peculado, entre otros delitos.

Los activistas también señalaron la simulación de juicios para despojar a alrededor de 50 mil derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Por este caso están presos dos ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Antonio Enríquez Soto (presidente del TSJ por ocho años) y Ramón Marmolejo Coronado, y al menos cuatro jueces están suspendidos.

Después de las agresiones armadas contra Rodrigo González se ordenó aumentar su seguridad personal. En tanto, el activista afirmó que no se irá del estado, sino que continuará en busca de justicia y no de venganza contra aquellos que lesionaron a la entidad y a particulares.