En la contención del flujo migratorio en la frontera sur se han registrado casos de separación familiar derivados tanto del cruce ordenado como del caos provocado por el paso irregular sobre el río Suchiate y la persecución que hizo la Guardia Nacional (GN) en horas posteriores, denunció del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano.

En un reporte difundido ayer por el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, se advierte que la ilusión de la migración regular, ordenada y segura, ofrecida por la actual administración, se desvanece en medio de una crisis de refugiados que el gobierno se niega a reconocer.

En entrevista, Montserrat Narro Ibargüengoitia, directiva del programa, destacó que el colectivo ha documentado casos de menores, niñas y niños, no localizados y separaciones de familias, provocado por el intento de contención de la GN y los disturbios que se ocasionaron con la política migratoria del gobierno federal.

Consideró que el cambio no sólo responde a una política nacional, sino a intereses de otros países, en este caso de Estados Unidos, que frente a las amenazas de establecer aranceles, el gobierno mexicano utilizó la migración como moneda de cambio y distribuyó a la GN en las fronteras sur y norte.

“Meses después observamos acontecimientos como estos operativos enormes en los que participan todos los cuerpos policiacos coordinados con el fin de detener a los migrantes que están en una situación sumamente vulnerable y sus derechos violentados. Nos parece muy peligroso este cambio y que se haga utilizando una frase que no es real, como la de ‘una migración regular, ordenada y segura’”.

El reporte elaborado por el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, que vigila el recorrido de la caravana migrante que comenzó en Honduras, expresa su preocupación por la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad, cuya cantidad de efectivos sigue en aumento en la región.

Con un equipo de observadores en Chiapas y Tabasco, que atestiguaron el pasado lunes lo ocurrido sobre el puente internacional entre Ciudad Hidalgo y Tecun Umán y en el cauce del río Suchiate, se denunció el enfoque de seguridad nacional y criminalización de la migración adoptado por el gobierno mexicano.