La política nacional en torno al derecho a la alimentación está fragmentada en diversas estrategias y existen al menos 33 programas desarrollados de manera independiente uno de otro y poco coordinados entre sí, señaló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Explicó que hasta 2019, las estrategias Integral de Asistencia Social Alimentaria, la Nacional de Lactancia Materna y la de Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, carecieron de presupuesto específico y seguimiento constante de resultados, lo cual dificulta contar con evidencia para determinar si este tipo de modelos son efectivos.

En la Evaluación integral de programas federales vinculados al derecho a la alimentación nutritiva y de calidad 2018-2019, mencionó que la actual administración ha puesto en marcha intervenciones que incentivan la producción de comestibles y la autosuficiencia alimentaria, como el programa Sembrando Vida, que proporciona apoyos en especie para la producción agroforestal y acompañamiento técnico para la implementación.

También se refirió a la apuesta del proyecto de Seguridad Alimentaria Mexicana, cuyo fin es favorecer la productividad en el rubro y su distribución en beneficio de la población más rezagada del país. El Coneval advirtió que persiste desarticulación entre los sistemas deinformación de los programas sociales, así como el poco uso de instrumentos que permiten la identificación de las poblaciones, los apoyos que reciben y los tipos de subsidios en los que son beneficiarios, lo que dificulta la planeación conjunta y la acción coordinada.

Consideró que uno de los esfuerzo más significativo fue la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia insignia de la administración pasada, que sumó 90 programas para mejorar las condiciones de vida de la población en pobreza extrema alimentaria, pero quedó pendiente determinar el progreso que cada acción dejó en los hogares.

Detalló que la mayoría de las acciones de gobierno que atienden aspectos del derecho a la alimentación están orientadas a dar acceso físico y económico a bienes comestibles, pero no tanto para hacer frente a los problemas de anemia y desnutrición así como el sobrepeso y la obesidad.

Señaló que, para garantizar el derecho de todas las personas a una nutrición de calidad, se deben plantear estrategias de coordinación que articulen los diferentes programas y acciones y también considerar la coherencia entre sus metas, bienes o servicios que otorgan y las poblaciones a las que van dirigidas.

Consideró que en el rubro de alimentación se debe considerar la complejidad de los problemas sociales y retos que obstaculizan la plena garantía del derecho, así como establecer intervenciones integrales que aborden la naturaleza multicausal de los problemas en esta materia.