La delincuencia en el Triángulo Norte de América Central –Guatemala, Honduras y El Salvador– no sólo implica que la región padezca 4.5 por ciento de homicidios en todo el mundo, pese a contar apenas con 0.4 por ciento de la población total, sino también tiene efectos económicos que agravan la pobreza y la desigualdad, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En Honduras y El Salvador la violencia tienen un efecto que, en términos económicos, equivale a 16 por ciento del producto interno bruto (PIB), 13 por ciento directamente por el cierre de empresas y 3 por ciento indirectamente, porque se encarecen las oportunidades laborales.

En Guatemala las pérdidas se estiman en 7 por ciento, seis directamente y uno indirectamente, agrega un documento del organismo mundial.

De acuerdo con el análisis, un aumento de uno por ciento del producto per cápita implica una disminución de alrededor de 0.5 por ciento de la delincuencia, mientras una reducción de cerca de 5 por ciento del delito se traduce en un incremento de alrededor de uno por ciento de dicho producto.

El FMI detalla que en Honduras se observó durante 2016 que los costos indirectos de la delincuencia ascendieron a 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) y los colaterales a alrededor de 13.

En El Salvador, durante 2015, los costos indirectos fueron de 7 por ciento y los directos de 20. En Guatemala, de 2015 a 2017, ascendieron a uno y seis, respectivamente.

En este contexto, el documento del organismo llama a priorizar las causas en la política de seguridad y manejar un enfoque combinado, por medio de un crecimiento estable e inclusivo, mayor rentabilidad de las actividades jurídicas (como un aumento de la productividad de la mano de obra y medidas de prevención de mayor calidad), así como la reducción de las barreras a la entrada al mercado y regulaciones empresariales más favorables al crecimiento para generar oportunidades de empleo.

La delincuencia tiene costos directos e indirectos. Los primeros incluyen el producto (bienes) y los recursos (tiempo y salarios de las víctimas y delincuentes) perdidos a causa de esa actividad, y los recursos gastados en costos de seguridad –tanto públicos como privados– que, de otro modo, podrían haberse utilizado con fines productivos, según el organismo.

“Indirectamente la delincuencia reduce la actividad económica, pues las personas internalizan los efectos nocivos de la delincuencia. Entre los costos colaterales cabe señalar la reducción de las oportunidades de empleo, el aumento de la emigración, la erosión de las instituciones y la corrupción. A su vez, todas esas consecuencias exacerban la delincuencia, generando un círculo vicioso.

Si bien los costos directos de la delincuencia pueden medirse, por ejemplo por número de cierres de empresas, cuantificar los indirectos puede ser difícil, porque requiere un estado hipotético de la economía, en el que esté ausente la delincuencia, pero todos los demás mecanismos económicos estén presentes, señala.