Durante el año pasado, las corporaciones policiacas de estados y municipios del país reportaron, en conjunto, el robo o extravío de 800 armas.

El saldo negativo equivale a un promedio de hasta dos pérdidas por día, informó el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Leonel Cota Montaño.

Se pierden y luego aparecen en el mercado negro o en algún otro lado, comentó a La Jornada.

Ante esta situación, dijo, es urgente la definición de reglamentos y lineamientos en estados y municipios, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, para ordenar y proteger estas armas que forman parte de los registros de licencias colectivas de portación y uso de armamento.

Lo anterior porque, en vez de disminuir, los faltantes han aumentado en años recientes. Sólo en 2018 la pérdida fue de poco más de 500, y ahora hay un tercio adicional, tanto de pistolas como de armas largas perdidas o reportadas como robo.

A petición del gobierno federal, autoridades locales se han comprometido a tener sitios adecuados para el resguardo de armamento.

Hay veces que los policías se llevan las armas a sus casas porque no hay un sitio adecuado, ordenado y seguro para dejarlas, se dijo esta semana durante una reunión de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

El SNSP ha puesto énfasis también en la necesidad de hacer compras conjuntas o consolidadas del equipamiento, para reducir los costos y reforzar el control en el resguardo.

Sólo para adquirir y renovar armas, las entidades gastarán más de mil millones de pesos en 2020, esto es, 15 por ciento del total de subsidios federales en la materia, según proyecciones del SNSP.

La compra consolidada de armas es un compromiso tomado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en julio de 2019. Este año vamos a profundizar el proceso de compras consolidadas y/o contratos marco con los estados, para que mejoremos las condiciones de adquisición y la compra de todo el equipamiento y los servicios que requiere la seguridad de los estados, anticipó Cota Montaño.

En esta mesa de análisis participan, además de las autoridades estatales, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad, así como la Guardia Nacional.

Los mil millones de pesos en referencia son apenas una base relacionada con dos subsidios: Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Esta transferencia de recursos a entidades tiene como objetivo apoyarlas en el cumplimiento de las estrategias nacionales de seguridad pública.

Ahí se incluye el rubro de compras de aparatos y equipos para la operación policial, así como el fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.

En las reuniones de nivel municipal y estados realizadas el año pasado, los funcionarios locales manifestaron por escrito su acuerdo en mejorar y estandarizar la compra de armas, así como apoyar otros proyectos del gobierno federal como la prevención de adicciones, el registro nacional de detenidos e incluso regularizar los pagos de licencias colectivas y multas por uso de armamento.