Con la legislación actual en materia judicial, las autoridades se han visto muy limitadas para actuar de manera eficaz en contra de la delincuencia, opina el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Diego Valadés.

La normativa vigente ya demostró que no es satisfactoria, entonces hay que buscar, necesariamente y con urgencia, otros esquemas, sostuvo en entrevista el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sobre el paquete de iniciativas para reformar el sistema de impartición de justicia penal que iba a ser presentado esta semana al Senado por el Poder Ejecutivo y por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, Valadés prefiere no opinar, pues se aplazó su presentación oficial y se anunció que será consultado aún. Creo que no debemos tener prevenciones anticipadas, sino que más bien debemos dejar que las autoridades el Estado asuman sus responsabilidades y que actúen conforme a los principios de un sistema democrático.

Pero señala que las eventuales reformas y propuestas que presen-te el gobierno deberían ir acompañadas de un comité de evaluación que revise si dan resultados.

▲ Diego Valadés, ex ministro de la SCJN e investigador emérito de la UNAM.Foto Carlos Ramos Mamahua

Valadés sugiere que ese comité esté integrado por académicos, funcionarios y miembros de la sociedad civil. De esta manera po-dríamos constatar que lo que se reforme sea para bien del Estado democrático y constitucional.

Un aspecto que sí debería incluirse, indica, es la fracción 9 del artículo 20 de la Constitución, que señala que en los procesos penales cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula.

“Esto es un exceso. Por ejemplo, después de la operación en Tepito (en octubre), del total de detenidos (31) ya nada más uno está sujeto a proceso. La mayor parte salió en libertad porque las pruebas en su contra se obtuvieron con el ingreso de la fuerza pública a un lugar con relación al cual no había orden de cateo.

Cuando hay violaciones a los derechos fundamentales de los delincuentes, esa violación convierte a los delincuentes en inocentes. Esto no puede seguir así, porque los que quedamos en desprotección somos los ciudadanos. Se debe castigar, consideró, a los violadores de esos derechos, pero eso no convierte a los afectados por esa violación en inocentes.