Una persona que fue víctima de abuso sexual o violación en su infancia puede tardar hasta más de 20 años en denunciar, y cuando lo hace es complicado que el agresor sea juzgado penalmente debido a la prescripción del delito, señaló la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) en México.

Eric Barragán, vocero de la agrupación, expuso que en algunos estados estos delitos prescriben a los 10 años a partir de que sucedieron los hechos, y en otros es una década después de que la víctima cumple 18 años. No obstante, en Quintana Roo, por ejemplo, desde hace dos años es imprescriptible.

Además, precisó, que sólo nueve entidades incluyen la pederastia como delito en sus códigos penales, aunque sí se establece en el Código Penal Federal.

Ante el llamado de los obispos mexicanos para que se levante la prescripción del delito de abuso sexual –luego de informar que en 10 años 271 sacerdotes católicos han sido investigados por hechos de este tipo– Barragán destacó que es necesario eliminarlo porque sabemos que denunciar es un proceso muy largo, muy personal.

Expuso que regularmente las víctimas que se acercan a la red son mayores de 40 años y que eso también se debe a que muchas no tienen confianza en el sistema de justicia del país.

Biani López Antúnez, una de las que denunció al ex sacerdote Fernando Martínez Suárez –quien hace unos días perdió su estado clerical porque el Vaticano lo reconoció culpable de abusar sexualmente de menores de edad– dijo que es fundamental que no prescriba este delito.

Mencionó que en su caso han pasado 26 años desde que se perpetraron los abusos: Es el tiempo que una víctima necesita sicológicamente para tener la suficiente fortaleza para denunciar. Eso se tiene que respetar, ante todo porque nos rompieron la infancia y coartaron nuestro desarrollo sicosocial. El Estado tiene que proteger esa parte.

Agregó que, además del proceso interno, las víctimas se enfrentan a los obstáculos que ponen las instituciones. En su caso, cuando Martínez Suárez –integrante de los Legionarios de Cristo– fue acusado, lo cambiaron de institución.

Luis Ángel Salas, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, dijo que el llamado de los obispos llega a destiempo porque si avanza la no prescripción del delito, a los 271 sacerdotes católicos que han sido investigados por pederastia no se les podrá juzgar.