De aprobarse en los términos que se enviaron, las reformas al sistema de justicia penal, que se discutirían en el Senado en las próximas semanas, implicarían una regresión de más de 100 años, pues bajo el discurso del combate al crimen y la impunidad, la Fiscalía General de la República (FGR) estaría asumiendo facultades excesivas que debilitarían al Poder Judicial y le quitarían su rol de contrapeso constitucional, advirtieron organizaciones de la sociedad civil.

Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, indicó que con la mencionada propuesta vuelven a aparecer conceptos que ya han sido rechazados por instituciones nacionales e internacionales, ya que representan graves violaciones al debido proceso, como aplicar el arraigo a todos los delitos o eliminar la figura de los jueces de control.

Regresar a eso tendría un impacto brutal en los derechos de todas las personas y contradice una lógica de un gobierno que se presume democrático. Es un retroceso mayor y una salida equivocada, pues el aumento de penas o de medidas represivas no aporta absolutamente nada al combate del delito, consideró el especialista.

Javier Carrasco, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, enfatizó que la propuesta de reforma “es una regresión de más de 100 años, una ‘bomba atómica’ al sistema democrático de justicia penal que hemos construido, porque anula contrapesos, debilita la figura de los jueces y va a politizar el nombramiento de los magistrados y a quitarles independencia”.

Consideró que aunque el argumento del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, es que la reforma es necesaria porque la institución no tiene las herramientas legales para investigar delitos, en realidad es un discurso para una sociedad agraviada por la violencia y la impunidad, pero que propone anular a los jueces para que no haya contrapesos.

En el mismo sentido, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez advirtió que la reforma penal entraña riesgos, como posibilitar el arraigo para más delitos; abrir la posibilidad de validar pruebas ilícitas y eliminar figuras centrales para la justicia oral.