Lima. El Tribunal Constitucional de Perú resolvió ayer que la disolución del Congreso ordenada por el presidente Martín Vizcarra fue legal, al zanjar el debate sobre el tema que allana los comicios legislativos del 26 de enero.

Por cuatro votos a favor y tres en contra, el tribunal declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada a finales de octubre por el jefe del Congreso disuelto, que era dominado por la oposición.

Tras el cierre, el mandatario peruano convocó a elecciones para completar el periodo legislativo en julio de 2021, proceso que ya está en marcha y en el cual participan una veintena de partidos políticos.

La actuación de este gobierno es, y ha sido siempre, con base en el respeto a nuestra Constitución. La decisión tomada el 30 de septiembre del año pasado es muestra de ello, sostuvo Vizcarra en un tuit luego de conocer el fallo. El máximo intérprete de la Constitución ha cerrado este capítulo, señaló.

Vizcarra, político centrista, cerró el Congreso tras una larga pugna con la oposición sobre reformas relacionadas con el combate a la corrupción. La decisión fue respaldada por las fuerzas armadas y la población, que se manifestó en las calles contra el desacreditado Congreso.

La disolución fue rechazada en su mayoría por legisladores del partido Fuerza Popular, de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, investigada por presunto lavado de dinero y recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral de 2011.

Los opositores a Vizcarra alegaron que el presidente excedió sus poderes al cerrar el Parlamento, y denunciaron un golpe.

El ex jefe del Congreso y ahora líder de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, aseguró que acatará la decisión del máximo tribunal y que la historia juzgará la decisión.

La popularidad de Vizcarra creció a niveles máximos luego de que ordenó disolver el Congreso, medida que pudo concretar gracias a que los legisladores habían aprobado el nombramiento de un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, que dirime los conflictos entre poderes del Estado.