México tiene un sistema de educación superior sumamente fragmentado, con una cobertura y calidad insuficiente, nula claridad en objetivos, con recursos y financiamiento públicos escasos y una carente conexión con el mercado laboral, señala la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Esta situación hace que casi uno de cada dos egresados trabaje en un empleo que no requiere educación superior, y más de uno de cada cuatro lo haga en la economía informal, mientras, paradójicamente, más de la mitad de las empresas reporta dificultades para cubrir vacantes en sus puestos de trabajo.

En dos amplios informes presentados por el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, el organismo advierte también que las mujeres se encuentran especialmente desfavorecidas en este campo. Si bien sobrepasan a los hombres jóvenes en número de egresados, su tasa de empleo está 14 puntos por debajo de la de varones, una de las brechas de empleo más altas de los países miembros de la OCDE.

En ese acto, realizado en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, José Ángel Gurría explicó que los informes El futuro de la educación superior en México: promoviendo calidad y equidad y La educación superior en México: resultados y relevancia para el mercado laboral, elaborados a petición de la Universidad Nacional, pueden servir en el debate sobre la próxima reforma de la educación superior en el país, y en la definición de políticas públicas en la materia.

En este último informe, se señala que a pesar de que entre 2000 y 2017 se ha duplicado la matrícula de educación superior en jóvenes de 25 a 34 años –al pasar de 16 a 23 por ciento–, México está todavía muy por debajo del promedio de la OCDE, que es de 44 por ciento, y por debajo de países como Colombia y Chile, con 30 por ciento, además de que sigue enfrentando retos importantes en la conexión de su sistema de educación superior con el mercado laboral.

Sigue habiendo un grado importante de frustración tanto para los egresados como para los empleadores, donde prevalece que los pasantes trabajen también en áreas diferentes a las que estudiaron y empleo en la economía informal, aseguró Gurría.

Por ejemplo, en 2017, la tasa de inactividad de trabajadores jóvenes con título de educación superior en México fue de 14.5 por ciento, casi 12 puntos porcentuales menor que la de los de media superior (26.1 por ciento). Sin embargo, el desempleo fue mayor para los egresados de educación superior (5.7 por ciento) que para los trabajadores con educación media superior (4.4 por ciento) en el mismo grupo de edad.

Afirma que este desfase existente entre las habilidades que los estudiantes adquieren en la educación superior y las que demanda el mercado laboral es un obstáculo importante para la inclusión, la innovación y el crecimiento económico en México.

Sugiere trabajar para que la educación superior responda a las necesidades futuras del mercado laboral. Las nuevas tecnologías, como la robótica y la inteligencia artificial, están cambiando los empleos y, al igual que en todos los países, podrían afectar considerablemente las fuentes de trabajo.

Sin embargo, cita que los dos campos de formación académica más grande en México son derecho y administración de empresas, que concentra 35.1 por ciento de los jóvenes egresados, mientras las ingenierías poseen un porcentaje mucho menor.

En el primero de los estudios, con los temas de calidad y equidad, advierte que hay una enorme desigualdad en el acceso, de acuerdo con el origen étnico. En 2015, sólo 6.6 por ciento de los indígenas entre 25 y 64 años había completado la educación superior, en contraste con casi 20 por ciento de aquellos de ascendencia no indígena.

Identifica que el sistema de educación superior está fragmentado en 13 diferentes subsistemas, que difieren considerablemente en sus estructuras de gobernanza, en sus sistemas de financiamiento y en la influencia gubernamental.

De entrada, recomienda que las instituciones de educación superior tengan objetivos claros, y que se asignen a las autoridades de todos los niveles de gobierno responsabilidades bien definidas y complementarias, con los recursos necesarios. Para ello, México debería poner en marcha una nueva Ley de Educación Superior que instaure un marco jurídico que aporte claridad y certidumbre, declaró Gurría.