Actualmente, 51 por ciento de la propiedad campesina es social, según datos del Registro Agrario Nacional (RAN), lo que representa poco menos de 100 millones de hectáreas, de las cuales, más de 97 millones están regularizadas, y de ellas, más de 92 millones están certificadas y tituladas.

En el contexto del aniversario de la promulgación de la Ley Agraria (el 6 de enero de 1915), el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el hecho de que más de la mitad de la propiedad agraria sea tierra comunal y ejidos.

Al respecto, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (Ccmss) celebró que desde el gobierno se valore la propiedad social, pero advirtió que los territorios comunitarios enfrentan fuertes amenazas, entre ellas las concesiones mineras y la presión para que los pueblos cedan sus territorios para instalar megaproyectos energéticos, turísticos, inmobiliarios, agroindustriales y de infraestructura, bajo diversos esquemas seudolegales, incluyendo consultas viciadas. Recordó que en 1992 se modificó el marco legal con una intención privatizadora. No obstante, indicó que si bien algunas porciones de territorio se privatizaron, a la fecha se conserva la mayor parte bajo propiedad social.

Sergio Madrid, director del Ccmss, indicó que ese proceso es particularmente grave en la Península de Yucatán, donde de 1992 a mayo de 2019, unas 22 mil 600 parcelas, con una superficie de 192 mil 600 hectáreas, pasaron de ser tierras ejidales a privadas”.

Según el RAN, hay 32 mil 154 núcleos agrarios, de ellos 29 mil 760 son ejidos y 2 mil 394 comunidades. Los núcleos agrarios certificados hasta el 31 de diciembre de 2018 eran 30 mil 452, y los no certificados, mil 702.

Madrid indicó que “otro esquema que representa despojo es la renta de las tierras Hay contratos por decenas de años, a precios muy bajos y con una cláusula para poder prorrogarlos según convenga a quien lo renta. Además hay regiones donde los apoyos individualizados del programa Sembrando Vida también están socavando la organización comunitaria y propiciando que se desconozcan los acuerdos de las asambleas comunitarias.