El presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas, afirmó que es normal que en una democracia los órganos reguladores puedan llegar a sentir que se invaden sus competencias y recurran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solucionar sus diferencias.

Acuña Llamas se refirió a la controversia constitucional que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) promovió contra una de sus resoluciones y confirmó que existen otras similares promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), los cuales impugnan resoluciones que los obligarían a hacer públicos datos con mayor grado de desagregación al que los obligan sus leyes orgánicas, reglamentos y normas de operación.

Afirmó que el Inai aceptará en todos estos casos el fallo que emita la SCJN, ya que, resuelva como resuelva, nos quitará la duda de si hicimos lo que debíamos.

Respecto a su presupuesto para 2020, señaló que será de aproximadamente 867 millones de pesos, con lo que –precisó– se acumula una reducción de 26 por ciento desde 2018.

La baja presupuestal no pone en riesgo actividades

Afirmó que esta disminución no pone en riesgo las actividades sustanciales del instituto a su cargo, pero advirtió que están en el límite y que hablará al respecto con los senadores, durante la comparecencia que tendrá ante ellos en febrero.

Pese a todo, dijo que ven esta disminución de recursos como un reto a superar: claro que nos pusieron a ser tres veces más inteligentes, más habilidosos, más precavidos y más ahorradores.

Finalmente, reveló que durante 2019 hubo un incremento de solicitudes y también de recursos de revisión presentados ante el Inai; dijo que esto es natural siempre que hay cambio de gobierno, y lo atribuyó a la curva de aprendizaje de los funcionarios, que al final comprenden que hay datos que deben hacer públicos.