La regulación forestal en México ha sido señalada como una de las grandes causas del mal desempeño del sector, y como factor determinante del tráfico ilegal de productos forestales.

En el estudio Crisis Ambiental en México. Ruta para el cambio, editado por la UNAM, se expone que de acuerdo con diversas agrupaciones civiles, entre los factores que originan la ilegalidad en el sector están una regulación pesada, cara de implementar y aplicada con fuertes márgenes de discrecionalidad; una aplicación de la regulación ineficiente, ineficaz y frecuentemente corrupta.

Asimismo, la existencia de deficientes métodos de trazabilidad y falta de regulación de los canales comerciales de la demanda y de vigilancia a lo largo de la cadena

En el capítulo Hacia una política forestal sustentable e incluyente. Los Bosques de México, problemas y propuestas, realizado por los expertos en el tema, Gonzalo Chapela, profesor de la Universidad Autónoma Chapingo y Leticia Merino, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, se indica que no existen cifras confiables sobre la magnitud de la ilegalidad forestal en México, pero que agrupaciones e instancias de gobierno consideran que los productos ilegales podrían oscilar entre 70 y 56 por ciento.

Retoman que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señalaba que 70 por ciento de la madera del mercado nacional era ilegal, y un estudio de la Red Mocaf estimaba en 2015 esa cifra en 56 por ciento, por lo que proponen una mejora regulatoria, fortalecimiento de las empresas sociales que protejan la ecología, así como garantizar que las compras de gobierno sean de origen legal y mejorar la capacidad de la Profepa para actuar.