La posibilidad de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se convierta en una Defensoría del Pueblo –como propuso Morena en septiembre del año pasado– no necesariamente significaría un riesgo para la autonomía del organismo, y sí en cambio podría abrir la puerta a que se realicen diversos cambios positivos, con la intención de ampliar y mejorar las facultades de la institución, afirmaron organizaciones civiles.

Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, consideró que el posible cambio de denominación legal no implicaría que la autonomía o el presupuesto de la actual CNDH puedan estar en peligro, siempre y cuando se lleven a cabo diversas modificaciones estructurales.

Entre las reformas que se podrían impulsar, afirmó el activista, se encuentran darle mayores facultades al organismo público para que logre tener más injerencia a escala de estados y municipios, para cortar la dependencia que muchas veces tienen las defensorías locales con respecto a los gobernadores y grupos políticos de cada entidad.

Otro aspecto que podría impulsarse con un eventual cambio de modelo en la CNDH es el de la documentación e investigación de la tortura, con el objetivo de que una Defensoría del Pueblo tenga capacidad de emitir dictámenes periciales con mayor peso legal –y no simples opiniones médicas–, y priorice el castigo a los responsables de este delito.

De igual manera, la posible reforma serviría para vigilar de manera más estricta el ejercicio del presupuesto de la institución y el alto nivel salarial que tienen algunos de sus funcionarios, pero lamentablemente no creo que los cambios fueran a esa profundidad, señaló Ramírez.

Por su parte, Quetzalcóatl G. Fontanot, responsable de comunicación de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, coincidió en que una transición de la CNDH hacia una Defensoría del Pueblo puede ser un cambio que valga la pena discutirse de forma amplia, pero cuidando que no implique descuidar las actuales labores de la comisión ni poner en riesgo las facultades que ha ganado a lo largo del tiempo.

“Mientras se salvaguarde la progresividad de sus capacidades sería pertinente abrir un debate plural sobre qué implicaciones tendría el cambio. Tendrían que estar muy claros los esquemas del debate y cuidar que (la eventual reforma) no sea un proceso fast track”, indicó.

Para Fontanot, el surgimiento de una Defensoría del Pueblo no necesariamente implica que el organismo pierda autonomía frente al Poder Ejecutivo, pues las organizaciones civiles no permitirían que la nueva entidad se convirtiera en una oficina de la Secretaría de Gobernación.