a primera universidad autónoma de América Latina se encuentra, por cuarto año consecutivo, en situación de insolvencia para cubrir los salarios y el aguinaldo de sus alrededor de 9 mil trabajadores, académicos y administrativos.

Las causas del déficit son múltiples, y pasan por subsidios insuficientes, lustros de mala administración, despilfarro y saqueo por parte de rectores, gastos y prestaciones no reconocidos por los presupuestos de la Federación, recortes a los subsidios en 2016 y 2017 y, probablemente, desviación de recursos a fines gubernamentales o partidarios en áreas completas de ausencia de rendición de cuentas.

Entre 900 y mil millones de déficit anual han implicado, desde 2016 o quizás antes el retraso en los pagos salariales y desde 2017 la recurrente suspensión de éstos desde octubre o noviembre. En algunos casos se han cubierto con el presupuesto asignado al año siguiente, y en otros con la gestión de recursos extraordinarios provenientes del gobierno federal. Fue el caso en diciembre de 2018, cuando la administración obradorista signó con el gobierno de Silvano Aureoles Conejo y el entonces rector, Medardo Serna, un convenio que proveyó a la Universidad Michoacana 500 millones de pesos para solventar los sueldos del personal universitario.

No fue un convenio, sin embargo, incondicional. En él se inscribieron cuatro compromisos de austeridad, rendición de cuentas y mejora administrativa, y uno más que implicó, para 2019, el fortalecimiento del régimen de jubilaciones y pensiones, sin especificar cómo habría de entenderse esa acción. En la práctica, se ha traducido en presión a los trabajadores y sus sindicatos para que acepten entrar al consabido régimen de cotización a cuentas individuales, el alargamiento de hasta 10 años en el periodo de trabajo para alcanzar el retiro completo, y un nuevo requisito de edad de 65 años. El paradigma neoliberal, en suma, que se supondría erradicado desde diciembre de 2018.

El referido convenio no fue nunca consultado con los trabajadores ni sus representaciones sindicales; tampoco fue ratificado por el Consejo Universitario, según lo mandan la fracción XVIII del artículo 12 y la VI del 6 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana. No obstante, impuso virtualmente a los empleados y docentes la obligación de aceptar retrocesos importantes en sus condiciones de trabajo y prestaciones.

No hubiera sido difícil al nuevo rector, Raúl Cárdenas Navarro, impugnar ese convenio –que no hacía sino facilitar el cumplimiento de una obligación de la parte patronal– en virtud de lo antes dicho, sino por un factor adicional: la reforma al artículo 3 de la Constitución promulgada el pasado 15 de mayo no sólo establece en su fracción X la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior pública, sino prevé en el transitorio décimo quinto la formación de un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura.

Es sabido por el gobierno federal y por los universitarios que el déficit acumulado se debe al incumplimiento por el gobierno de Aureoles Conejo del acuerdo firmado el 13 de enero de 2016, en el que el gobierno estatal se comprometía a incrementar progresivamente sus aportaciones a la universidad (de 30 por ciento entonces) hasta alcanzar 50 por ciento. En 2019 fueron de sólo 32 por ciento. Pero el rector Cárdenas Navarro no tiene la intención de reclamar a su colega agrónomo y, como él, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, y ha optado por solicitar nuevamente los recursos extraordinarios no regularizables de la Federación. Sólo que esta vez la SEP exige el cumplimiento del compromiso signado el 21 de diciembre de 2018, modificando radicalmente el derecho a la jubilación de los nicolaitas.

Le ha tocado al subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, quien no hace mucho reivindicaba su ideología comunista, presionar contra los derechos de los trabajadores y condicionar los recursos extraordinarios a la universidad a la imposición del esquema neoliberal de jubilación. El sindicato de profesores (SPUM), con una dirigencia espuriamente instalada en noviembre de 2012, realizó una consulta en la que sólo 12.9 por ciento de los afiliados aceptó incondicionalmente la reforma; 9 por ciento la aceptaba con condicionamientos que no se cumplieron ni se plantearon; 8.4 votó en contra y 68 por ciento no participó. Con esos números, ha firmado un acuerdo que permitirá a sus afiliados recibir en breve una parte de su pago.

El sindicato de empleados, Sueum, que no ha aceptado firmar la contrarreforma jubilatoria, ha sido excluido de las remuneraciones ya devengadas. No se sabe cuándo podrán cobrarlas, porque gracias al gobierno estatal aureolista, a la solidaridad del gobierno federal con éste, al ex rector Serna y al rector Cárdenas, en la Universidad Michoacana los salarios no son un derecho de los trabajadores, sino un objeto de chantaje y, en su caso, una especie de premio a la buena conducta.

* Profesor e investigador de tiempo completo de la UMSNH