Morena en la Cámara de Diputados esperará a que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente, al inicio del periodo de sesiones, con carácter de preferente, una iniciativa de reforma a la Constitución para insistir en la reducción del financiamiento a los partidos, que en 2020 será de 5 mil 239 millones.

Luego de que el 12 de diciembre el dictamen de reforma que proponía reducir a la mitad ese monto no alcanzó los votos necesarios, Morena acusó que los grupos parlamentarios que rechazaron el cambio lo hicieron por miedo y pensando que el dinero les ayudará a obtener una victoria, pero es justamente lo contrario.

En el dictamen que se desechó ese día, la Comisión de Puntos Constitucionales argumentó que cada año se ha incrementado de manera exponencial el financiamiento, lo que ha implicado una mala administración de recursos y gastos excesivos.

Durante 2018, por la elección presidencial, los partidos gastaron 6 mil 745 millones, de los cuales casi una cuarta parte erogó el PRI; en 2019, de 4 mil 964 millones aprobados, Morena contó con mil 628 millones y la dirigencia ofreció devolver mil 200 millones.

Para justificar la reducción del gasto en los partidos, se hicieron comparativos de lo que representa en distintos rubros del Presupuesto de Egresos.

Así, la comisión argumentó que el financiamiento a los institutos políticos fue equivalente en 2018 y 2019 a 0.95 y 0.66 por ciento, respectivamente, del gasto educativo; de 1.15 y 0.79 por ciento a la inversión en salud; de 9.57 y 6.13 por ciento al gasto de seguridad; de 5.41 y 2.83 por ciento a lo ejercido en asistencia social, y de 12.38 y 9.94 por ciento al gasto en ciencia y tecnología.

El presupuesto destinado a los partidos políticos ha crecido progresivamente, sin que medie un tope, y con el recorte que se busca aplicar se pretende incentivar el uso racional de los recursos, así como conseguir un sistema electoral que se adecue más a la realidad económica del país.

Además, la comisión señaló que el repunte del financiamiento no se ha traducido en un aumento en la confianza de los electores en los partidos ni, mucho menos, en una democracia de calidad.

En contraste con la fórmula que plantearon bancadas como el Partido del Trabajo respecto de que la reducción fuera de 60 por ciento y el remanente se distribuyera de manera igualitaria entre todos los partidos, la intención es que prevalezca el mismo mecanismo de reparto.

Es decir que, una vez aplicada la disminución propuesta, 70 por ciento del financiamiento se entregue conforme al porcentaje de votos obtenido por cada partido en la elección previa, y 30 por ciento de manera igualitaria.

De esta manera se continuarán otorgando mayores recursos a aquellos institutos políticos que hayan recibido mayor apoyo de los ciudadanos, señaló la comisión, aunque ese argumento fue rechazado por las bancadas que votaron en contra, al señalar qué tal fórmula sólo beneficiaría a Morena.