Las reformas electorales que abrieron la puerta a un incremento sustancial en el financiamiento público de los partidos políticos tanto en sus gastos ordinarios como de campaña –posteriormente se reduciría parcialmente este último– no ha implicado sólo un mayor costo en los procesos electorales, pues su efecto político fue detonar la alternancia en gobiernos locales. Si en 1997 el Partido Revolucionario Institucional (PRI), entonces partido hegemónico, mantenía 28 gubernaturas en su poder, 2019 se cierra con una pluralidad en esta instancia, pues el tricolor sólo tiene 12.

Entre 1997, año en que entraron en vigor los primeros cambios que, entre otros aspectos, aumentaron los recursos partidistas para campañas, y 2019, a nivel de gubernaturas se han registrado 58 alternancias a escala estatal, las cuales se han acentuado a partir de 2014, con la creación del Instituto Nacional Electoral, que coadyuva en procesos locales. Solamente cinco entidades no han sido gobernadas por algún partido ajeno al PRI: Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo y estado de México.

Representatividad

A debate en la actualidad el financiamiento público, en contrapartida, estas sucesivas reformas electorales han terminado por incrementar aún más las prerrogativas partidistas. Aunque en el discurso se ha insistido en reducir el gasto de campañas en esos cambios legales, incluidos los de 2014, los partidos políticos han mantenido intacto el marco legal que les permite obtener un doble financiamiento consecuencia de recibir prerrogativas a escala federal, pero también en el ámbito estatal, salvo en aquellos casos en que alguna fuerza política nacional no alcance la representatividad en su entidad para preservar el registro.

A ello se añade que la reforma electoral de 2014 derivó en un híbrido, pues, amañadamente, los grupos parlamentarios en el Congreso aprobaron cambios con la presunta intención de reducir el financiamiento público a escala federal. Sin embargo, la nueva ley de partidos políticos abría la puerta para incrementar de manera sustancial las prerrogativas recibidas por la vía estatal. La consecuencia: lejos de bajar el gasto público en el financiamiento de campañas, en los hechos lo incrementaron aún más.

Más allá del impacto político que ha tenido este aumento en las prerrogativas, otro factor que lo ha complementado es el mayor acceso a los medios de comunicación, que permitió –a partir de 2007– mayor equidad en las campañas, a un costo de la saturación de mensajes electorales. En su momento, se dijo que el acceso gratuito a medios de comunicación reduciría el gasto de campaña. Nunca fue así.

Cuestionamiento y revisión

La reciente iniciativa de Morena pretendía la revisión del gasto de los partidos políticos partiendo de la premisa del cuestionamiento ciudadano al incremento sustancial que ha tenido su financiamiento público.

Con independencia del debate sobre el costo de las campañas y el peso que tiene para el erario mantener los partidos políticos, este esquema de financiamiento ha tenido sus consecuencias políticas y ha alentado mayor competitividad electoral. Más allá de que a nivel presidencial, las tres principales corrientes políticas han gobernado el país y el Congreso se ha alternado el dominio político, a nivel estatal, desde que comenzaron estos cambios, Chiapas ha sido gobernada ya por cuatro fuerzas políticas diferentes: PRI, PAN-PRD, Partido Verde y ahora por Morena.

Además, aproximadamente una cuarta parte de las entidades han registrado al menos ya tres alternancias en las gubernaturas: Aguascalientes, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán.

En el caso de las sucesivas representaciones de izquierda –PRD y ahora Morena– que en el lejano 1997 no habían ganado ninguna elección de gobernador, desde entonces han obtenido 23 triunfos en elecciones para ejecutivos estatales.