La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, informó que aumentó en 12.5 por ciento el número de quejas recibidas respecto del año pasado, al sumar 9 mil, principalmente por las tarjetas de pensión alimentaria para adultos mayores, seguridad y procuración de justicia.

En la inauguración de la décima delegación de la CDH en Iztapalapa, señaló que las autoridades más mencionadas por los ciudadanos son la Procuraduría General de Justicia y las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Salud, lo que llevó a la emisión de 23 recomendaciones.

De ellas, está pendiente una relacionada con la libertad de expresión y las últimas cuatro relacionadas con operativos policiacos, donde las instancias involucradas están aún a tiempo de aceptarla, pues el plazo vence en la primera semana de enero, por la suspensión de trámites.

Las autoridades de la Secretaría de Salud, sin embargo, serán las primeras en ser requeridas por el Congreso de la Ciudad de México para que expliquen por qué no aceptaron la recomendación que se les dirigió por violencia obstétrica y de tortura.

Nosotros estamos confiados de que la acreditamos y no hay ninguna razón técnica para no aceptarla, pero esperamos que el Congreso, que tiene la facultad, porque no somos vinculatorios, las llame a cuentas y responda a este caso, afirmó.

Tras estimar que en el primer bimestre de 2020 operarán las delegaciones de Benito Juárez, Tlalpan, Venustiano Carranza, Iztacalco, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, comentó que este año se tuvieron mil quejas más respecto de las 8 mil recibidas el año pasado.

De las 9 mil recibidas, más de 15 por ciento fueron de Iztapalapa, que se ubicó en el primer sitio a nivel de alcaldías, por cuestiones relacionadas con la procuración de justicia, seguridad ciudadana y violencia, porque aquí abona que está Santa Martha y los reclusorios.

No obstante, la comisión ha resuelto 80 por ciento, por medio de resoluciones y concertaciones, y sólo 20 por ciento está en investigación, y con la instalación de las delegaciones se evitará multiplicar el número de quejas, pues un proceso de investigación dura hasta dos años, comentó.