En el ámbito educativo, uno de los desafíos de los años venideros es la gratuidad de la educación superior que se desprende de su obligatoriedad, la cual fue incluida en la más reciente reforma constitucional en la materia.

La Asociación Nacional de Uni­versidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y la Secretaría de Educación Pública estiman que para que las universidades públicas ofrezcan educación gratuita se requerirán 12 mil millones de pesos anuales, monto que equivale a los ingresos que obtienen esas instituciones por inscripción y reinscripción de alumnos.

Un antecedente sobre la implantación de la gratuidad de la educación superior a nivel estatal es el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), de acuerdo con Javier Mendoza Rojas, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En su artículo Presupuesto federal de educación superior en el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: Negociaciones y retos, publicado por la Anuies, Mendoza señala que en 2010 se modificó la Constitución de Michoacán, lo que obligó al estado y los municipios a impartir educación gratuita desde prescolar a universidad.

Para cumplir esta disposición, el gobierno publicó los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos para las instituciones públicas de educación media superior y superior para garantizar la obligatoriedad y la gratuidad, con los cuales se otorgarían los recursos que las instituciones percibían por inscripciones y reinscripciones.

De acuerdo con información de la UMSNH, solamente en cuatro años el gobierno del estado asignó recursos por gratuidad (50 millones de pesos en 2010, 43 millones en 2011, 80 millones en 2012 y 8 millones en 2013).

Ante el incumplimiento del compromiso del gobierno del estado, explica Mendoza, en 2014 el Consejo Universitario acordó cobrar nuevamente cuotas de inscripción y reinscripción a los alumnos.

Una estudiante solicitó un amparo por considerar que con esto se violaba su derecho a la educación, caso que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya resolución fue favorable a la alumna con el argumento de la progresividad de los derechos humanos y la consecuente obligación de implantar gradualmente la educación superior gratuita establecida en la Constitución local.

Este caso ilustra los retos presupuestales que implica la gratuidad de la educación superior. En un escenario de creciente presión de las finanzas públicas y de disminución del gasto destinado a educación, la gratuidad, sin la correspondiente asignación de recursos crecientes por parte de la Federación y de los estados, constituirá una presión adicional a la situación financiera por la que atraviesan las instituciones públicas de educación superior del país, sostiene el investigador.

En la reforma constitucional federal de este año hay medidas que buscan evitar lo sucedido en Michoacán. Los artículos transitorios del decreto obligan a las autoridades hacendarias de los diferentes niveles de gobierno a considerar los recursos necesarios para garantizar gradualmente la obligatoriedad y gratuidad de la educación en los presupuestos anuales de egresos, concluye el académico.