El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que esa cámara tiene una amplia agenda por desahogar para el próximo periodo de sesiones, que comienza en febrero e incluye una reforma a fondo al Poder Judicial, la amnistía, la legalización de la mariguana con fines recreativos, la ley para regular el outsourcing, así como la eliminación del fuero.

Señaló que en el periodo concluido el 15 de diciembre el trabajo fue intenso, ya que se aprobaron reformas trascendentes, muchas requeridas para poner en marcha los proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero quedaron otras igualmente relevantes, que serán dictaminadas en cuanto reanude trabajos el Senado.

Una, detalló, es la reforma al Poder Judicial, que saldrá luego de consultas con jueces, magistrados, ministros, con integrantes del Consejo de la Judicatura y con expertos, a fin de acabar con vicios y malas prácticas que han deteriorado la impartición de justicia.

Sobre la despenalización de la cannabis con fines lúdicos hay un plazo de la Suprema Corte, que vence el 30 de abril. Serán meses de trabajo intenso, insistió, pues deberán asimismo dictaminar una reforma financiera.

Acerca de la polémica ley para regular la subcontratación o outsourcing, Monreal señaló que en la tercera semana de enero se efectuarán tres foros públicos, en que participarán, entre otros, representantes empresariales en parlamento abierto.

En entrevista aparte, el presidente de la Comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, autor de la iniciativa, comentó que se escuchará nuevamente a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y de otros organismos cupulares del sector privado, pero esa reforma debe aprobarse en los próximos meses.

Lamentó que los empresarios hubieran frenado esa modificación, en el pasado periodo, pero es uno de los temas que faltan para concluir con la restructuración laboral del país, que impulsa el gobierno de López Obrador.

Sobre la subcontratación lo mejor, indicó, es buscar una nueva disposición legal que contemple un mecanismo de vigilancia y seguimiento, porque de otra manera los grandes outsourceros no cambiarán. Insistió en la urgencia de reglamentar la subcontratación para acabar con la simulación, que propicia la pérdida de derechos de los trabajadores, como evadir el pago de utilidades y la defraudación al Seguro Social y al Infonavit.