De octubre de 2018 al mismo mes de este año la Fiscalía General de la República (FGR) ha otorgado 744 beneficios jurídicos a igual número de personas involucradas en la comisión de ilícitos no graves como son desvío de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido del servicio público, con base en los llamados criterios de oportunidad, y ahora se han convertido en colaboradores del Ministerio Público federal.

Los beneficiados con este estatus no serán llevados a juicio, pues la información que proporcionen servirá en asuntos como la denominada estafa maestra en sus diversas vertientes, indagatorias relacionadas con el robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), carpetas iniciadas por la sospecha de blanqueo de dinero obtenido por actos de corrupción o delitos como el narcotráfico y que llegaron a cuentas bancarias de funcionarios o empresas.

Datos de la FGR, entregados el pasado 18 de noviembre a un ciudadano en respuesta a una solicitud de información pública, refieren que la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos localizó información relativa al número de criterios de oportunidad aplicados a diversas carpetas de investigación iniciadas de manera general.

Las cifras proporcionadas señalan que de octubre a diciembre de 2018 el Ministerio Público federal aceptó que 279 personas se acogieran al criterio de oportunidad y en los primeros nueve meses de este año se incluyeron 465 involucrados en actos ilícitos.

Al respecto, el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que todo individuo puede solicitar este beneficio y la autoridad deberá analizar la petición siempre que se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, o que la sanción con cárcel tenga un condena máxima de cinco años.

Cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, la información que proporcione derive en la detención de un imputado diverso y se comprometa a comparecer en juicio. En estos supuestos, los efectos del criterio de oportunidad se suspenderán en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio, refiere el citado código.

En el caso del proceso penal que se sigue en contra de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), tres involucrados en el desvío de más de 5 mil millones de pesos del erario federal se beneficiaron de este criterio y ahora forman parte de los testigos que podrá utilizar el Ministerio Público durante el desahogo del juicio.

Asimismo, en la causa que le sigue al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la FGR aceptó que al menos cuatro ex colaboradores del ex funcionario aportaran información que sirviera para inculparlo, y también se permitió que empresas a las que se transfirieron recursos de manera ilícita no fueran llevadas a tribunales a cambio de devolver el dinero que les fue entregado, y así se recuperaron 421 millones de pesos.