Resolver un recurso de revocación, juicios de nulidad o amparos por el cobro impuestos en la Ciudad de México puede ser un proceso legal de hasta seis años, por lo que la Procuraduría Fiscal inició un nuevo procedimiento que privilegia la conciliación con alternativas rápidas de solución y a menores costos para los contribuyentes inconformes.

Con las reformas al Código Fiscal, aprobadas por el Congreso capitalino, se pondrá en marcha el programa e-Revocación, con énfasis en la atención a grupos vulnerables como jubilados, pensionados, madres solteras y adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos, quienes serán atendidos por personal de la Procuraduría Fiscal, incluso vía telefónica, para ejercer a la brevedad con los recursos legales.

La dependencia capitalina señaló que los procedimientos legales no convienen a los contribuyentes, porque son altamente estresantes en términos de gastos, tiempo y se pierde producción económica, mientras para la administración capitalina implica costos excesivos para la Tesorería y el Tribunal de Justicia Administrativa.

La finalidad del programa e-Revocación es la autocorrección del contribuyente, con el propósito de que pague lo justo, y en caso de autocorrección, las autoridades fiscales están autorizadas a condonar, de ser el caso, hasta el ciento por ciento de multas y recargos.

Las causas o motivos por los cuales los contribuyentes de la capital pueden presentar una solicitud para ejercer la e-Revocación son: determinaciones de contribuciones, devolución de saldos a favor no autorizados, determinaciones de indemnización a la hacienda pública e imposición de multas, así como contra el requerimiento del pago de créditos fiscales en los que se consideren cantidades en exceso imputables a la autoridad, procedimientos de ejecución de embargos o inmovilización de depósitos bancarios, entre otros.

Para la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Valentina Batres Guadarrama, el nuevo procedimiento abona también a la lucha contra la corrupción, al ser un procedimiento más transparente, con menores costos, mejores controles y que da certeza jurídica a las personas.

Explicó que se trata de una alternativa ágil, eficiente y económica para solucionar las controversias generadas por los actos emitidos por la autoridad fiscal, mediante una conciliación oral.

Agregó que la medida se enmarca, en una política de administración sustentada en derechos, ya que el nuevo esquema normativo permitirá aplicar procesos en los que las personas podrán acceder a servicios y trámites fiscales de forma simple.