La bancada de Morena en la Cámara de Diputados pretende reformar la Constitución en sus artículos 100, 102 y 116 con el objeto de enunciar en el texto legal la obligación de la autoridad, en todos sus niveles, de actuar con perspectiva de género y con ello evitar las detenciones arbitrarias contra mujeres, que queden impunes como en incontables casos, uno de ellos el del campo algodonero u otro el de Abril Pérez.

Las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres se evidencian desde el momento en que ellas se enfrentan al escollo de la autoridad, que estaría obligada a proveerles justicia.

La propuesta refiere la existencia de desigualdad y discriminación que impide a las mujeres en México el ejercicio pleno del derecho de acceder a la justicia:

Recordemos el caso de Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas otomíes del estado de Querétaro, quienes fueron detenidas arbitrariamente el 3 de agosto de 2006, acusadas y sentenciadas injustamente, quienes permanecieron más de tres años en prisión. En ese caso, hubo discriminación de género, que se agrega a la efectuda por ser indígenas. En 2017 tuvo lugar un acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública por parte del gobierno, donde se incluyó a Jacinta Francisco Marcial.

En México, se argumenta, muchas mujeres se encuentran en doble o triple situación de vulnerabilidad, agudizándose el maltrato por las condiciones de pobreza en la que viven. A la fecha se han incorporado a la norma protocolos para agregar la perspectiva de género en los procesos jurisdiccionales. No obstante, resultan insuficientes si no se cuenta con una preparación sólida, que permita a ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros contar con herramientas sólidas que les permitan identificar las condiciones estructurales de desigualdad, discriminación, las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, los estereotipos, el sexismo, el machismo, la cultura patriarcal que son obstáculos para que las mujeres pueden acceder a la justicia.

Una vez que el Estado mexicano ha incumplido con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia y el acceso a la justicia, subrayan los diputados morenistas, se propone la incorporación de la perspectiva de género en la formación de encargadas y encargados de procurar e impartir justicia.

Para el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la Organización de las Naciones Undidas, se han observado una serie de obstáculos y restricciones que impiden a la mujer realizar su derecho de acceso a la justicia en plenitud de igualdad, incluida una falta de protección jurisdiccional efectiva de los estados partes en relación con todas las dimensiones del acceso a la justicia.