Chihuahua, Chih., Raymundo Romero Maldonado, quien fue secretario general de Gobierno en la administración estatal del ex priísta César Duarte Jáquez (2010-2016), fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) y presentado ante un tribunal, por presuntamente ordenar una compra a sobreprecio de terrenos en el municipio serrano de Guachochi, en los cuales la autoridad chihuahuense construyó un cuartel que donó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con este caso se incrementó a 32 el número de servidores públicos duartistas detenidos por casos de corrupción, durante la gestión del panista Javier Corral Jurado, iniciada el 4 de octubre de 2016.

Agentes de la citada fiscalía cumplimentaron, la tarde del martes, víspera de la Navidad, una orden de aprehensión contra Raymundo Romero, lo arrestaron en su domicilio de la ciudad de Chihuahua y lo recluyeron en el Centro de Readaptación Social estatal número 1.

El Ministerio Público acusó al ex funcionario del delito de peculado agravado y tráfico de influencias, en audiencia inicial en el Tribunal deControl del Distrito Judicial Morelos, en esta ciudad. El juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez dictó la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria y fijó el 30 de diciembre como fecha de audiencia para determinar si se le decreta la vinculación a proceso.

Según la causa penal 2723/2018, Romero Maldonado influyó en el Comité de Patrimonio Inmobiliario de Chihuahua y aprobó comprar a sobreprecio un predio de 40 hectáreas denominado El Llano, en Guachochi, el cual se destinó a la construcción de un cuartel que el gobierno estatal donó a la Sedena en 2016.

La compraventa del predio rústico se realizó entre agosto de 2013 y abril de 2014, por instrucción del ex mandatario priísta César Duarte Jáquez, pactando con el vendedor, José Manuel Chaparro Hinojosa, un pago de 20 millones de pesos por dos terrenos cuyo valor comercial era de 5.8 millones.

La administración pagó a José Manuel Chaparro 15 millones de pesos por un terreno de 300 mil metros cuadrados y 5 millones por otro predio de 100 mil metros; después, edificó ahí una construcción que entregó a la Sedena para reforzar la presencia del Ejército en la Sierra Tarahumara, pero la instalación militar se inundó por un cauce de agua que atraviesa los predios y sólo funcionó cuatro meses.

La fiscalía estatal acusa a Ray-mundo Romero de operar la compraventa irregular de los terrenos, justificarla y permitir el pago indebido de los 20 millones de pesos, además de influir en diversos funcionarios que integraban el Comité de Patrimonio Inmobiliario de Chihuahua a efecto de que aprobaran la adquisición irregular y sin que existiera un avalúo oficial. El Ministerio Público presentó como pruebas las actas de las sesiones del Comité de Patrimonio del 10 de octubre de 2013 y del 17 de febrero de 2014, y evidencia de siete pagos que la Secretaría de Hacienda estatal realizó entre septiembre de 2013 y abril de 2014.

De acuerdo con lo establecido en la carpeta de investigación, los ilícitos se cometieron en virtud de compromisos personales atribuidos al entonces gobernador César Duarte Jáquez, en perjuicio del patrimonio del estado de Chihuahua.

Ante la acusación, Romero se declaró inocente, denunció que los agentes ministeriales irrumpieron en su casa sin orden de cateo para arrestarlo y ofreció someterse a la prueba del polígrafo en la audiencia inicial para ser absuelto.

“Soy inocente, si hay que someterme a un polígrafo, si es necesario para probar que lo que estoy diciendo ahorita, señoría, es la verdad. No tuve absolutamente nada que ver con ese rosario de acusaciones que me están haciendo… Soy inocente, esto es una canallada”, reprochó.

El acusado fue secretario general de Gobierno durante la administración de César Duarte, del 6 de enero de 2012 al 4 de febrero de 2015; antes, fungió de director de Vialidad y Protección Civil.

También se desempeñó de presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua en el periodo 1999-2000, y representante de los ex mandatarios priístas Patricio Martínez y José Reyes Baeza ante la Comisión de Procesos Internos del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor. Raymundo Romero es padre de la ex diputada local priísta Teporaca Romero del Hierro, y ex suegro del legislador local del partido Movimiento Ciudadano Fernando Reyes Ramírez, quien fue detenido y sentenciado en 2017 por recibir 2.4 millones de pesos a cambio de aprobar en el Congreso de Chihuahua la bursatilización de bonos carreteros en 2016.