La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de minoría en contra de la llamada ley antifacturera, que tipificó como graves varios delitos fiscales, equiparándolos a delincuencia organizada y sujetando a quienes los cometan a prisión preventiva de oficio.

En el acuerdo de admisión, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, dispuso que esta acción se acumule a la que, por el mismo motivo, interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a principios de este mes, lo cual significa que ambos asuntos se asignarán a un mismo ministro para su estudio y análisis.

Los senadores del PRI, PAN, PRD y MC, impugnan concretamente las reformas a las leyes Federal contra Delincuencia Organizada, de Seguridad Nacionalm y de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2019.

La modificación propone hasta nueve años de prisión

Estas reformas son conocidas como ley antifacturera debido a que incluyen cambios al artículo 113 bis del Código Fiscal, donde ahora se imponen de dos a nueve años de prisión a quien expida, enajene o compre comprobantes sobre operaciones inexistentes.

Al admitir a trámite este juicio, la SCJN notificó a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales para que, en un plazo de 15 días, respondan por escrito a la demanda, aportando los elementos que permitan iniciar el periodo de instrucción para su resolución.