El Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará sus operaciones en 2020 con un déficit financiero de 284 millones de pesos, pero no se contempla solicitar ninguna ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda, informó ayer el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova Vianello.

Durante la sesión del Consejo General del INE en que se aprobó el ajuste a su presupuesto para el próximo año, tras la reducción de mil 71 millones de pesos que le aplicó la Cámara de Diputados, los partidos de oposición criticaron el recorte.

Afirmaron que se está malentendiendo la austeridad republicana y que se pueden mermar las funciones del órgano electoral; Morena pidió a sus adversarios no exagerar las cosas y tampoco mostrar inconformidad sólo a conveniencia.

El presupuesto aprobado alcanza los 16 mil 660 millones de pesos, de los que 11 mil 421 millones son para la operación del instituto y 5 mil 239 para los partidos políticos.

Para enfrentar el recorte de mil 71 millones de pesos se postergarán diversos proyectos, como la renovación del software para monitorear medios de comunicación, la construcción de dos sedes locales, la modernización del mobiliario de módulos de atención ciudadana y se pospondrá un mes la instalación de los consejos distritales.

Cobrarán servicios que eran gratuitos

Dichas medidas significarán un ahorro de 787 millones de pesos, pero el INE aún tendrá un déficit de 284.5 millones para 2020.

Córdova Vianello explicó que se intentará absorber dicha cantidad, a partir de diversas medidas de ahorro y el cobro de servicios pactados con otras instituciones, que eran gratuitos.

También expuso que no habrá despidos de personal por la disminución de su presupuesto y que no se solicitará una ampliación a Hacienda, porque esto mandaría un mal mensaje de que un órgano autónomo del Estado mexicano depende de instancias gubernamentales para estar en condiciones de cumplir sus funciones de manera adecuada.

Va a ser un año complejo, pero el INE una vez más le va a cumplir a la ciudadanía, puntualizó.

Por lo que hace a las percepciones de consejeros y funcionarios de mandos altos, el consejo general mandató a la Secretaría Ejecutiva analizar los dos tabuladores diferentes que envió la Cámara de Diputados, así como la legislación vigente, para establecer cuáles serán las remuneraciones de este personal. El manual respectivo deberá publicarse en febrero próximo.

Cabe destacar, sin embargo, que la mayoría de los consejeros y funcionarios se ampararon contra la Ley de Remuneraciones, que establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República. Quienes no recurrieron a ese mecanismo fueron los consejeros Pamela San Martín Ríos y Valles, Marco Antonio Baños y José Roberto Ruiz.

Reducción de 6.4 por ciento respecto de 2017

San Martín Ríos consideró inadecuado que la Cámara de Diputados haya aprobado un presupuesto para 2020 en el que siguió las reglas que la Corte le indicó que no podía utilizar para fijar las percepciones.

Resaltó que el INE debe promover una nueva controversia constitucional contra la legislación en materia de remuneraciones y no tratar de resolver el asunto con una medida administrativa. Urgió además a la Corte a resolver la inconformidad que interpuso a principios de este año.

A su vez, el también consejero Ciro Murayama dijo que los números son muy claros y evitan exageraciones o decir que no pasa nada. Expuso que el presupuesto del instituto para 2020 tiene una reducción de 6.4 por ciento con respecto a 2017. Los dos años son comparables ya que en ellos se empieza a preparar la elección federal siguiente.

Pidió que las decisiones que tome el gobierno y el partido Morena permitan a esta autoridad hacer su trabajo como lo hizo cuando estaban en la oposición. Las garantías que tenían las minorías, las garantías que tuvieron ustedes, son las que deben tener las otras fuerzas políticas, y una de ellas es contar con un órgano electoral autónomo.