a secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó ayer que la iniciativa de Ley de Amnistía recién aprobada en la Cámara de Diputados, que se encuentra en el Senado de la República, beneficiará a alrededor de 6 mil 200 personas que en la actualidad purgan sentencias por actos ilícitos, entre ellos robo simple y sin violencia, portación de drogas o aborto, con prioridad para los integrantes de pueblos indígenas.

La disposición, en cambio, no aplicaría en casos de hurto con violencia, a quienes hayan usado armas de fuego en la comisión del delito, a quienes hayan atentado contra la vida o la integridad de las personas ni en casos de secuestro.

A la elaboración de la iniciativa señalada se suma la excarcelación, en el año que está por terminar, de decenas de activistas y luchadores sociales que se encontraban presos y cuya liberación ha debido tramitarse caso por caso.

Ambas acciones apuntan a empezar a corregir la tremenda injusticia que impera en las prisiones del país, heredada tanto por un sistema de justicia tradicionalmente clasista, racista y misógino, como por el populismo penal que acompañó a la estrategia antidelictiva impuesta por Felipe Calderón, que consistió en aumentar las penas, incrementar el número de reclusorios –y de su población–, priorizar el castigo por encima del principio de reinserción social y satanizar a priori a los infractores, sin considerar que buena parte de éstos son, a su vez, víctimas de la pobreza, la desintegración social y familiar y las deformaciones del propio sistema judicial.

Con esas consideraciones en mente resulta a todas luces necesario restringir la permanencia en la cárcel a lo estrictamente establecido en las leyes, erradicar situaciones en las que los reclusos pasan años sin recibir sentencia y, sobre todo, revisar las nociones de peligrosidad social de los internos, con el fin de reducir la población carcelaria del país.

Debe reflexionarse en el hecho de que en muchos casos las prisiones, en lugar de lograr la reinserción de los internos, tienden a reafirmarlos en las conductas antisociales; es por eso que se les llama atinadamente universidades del crimen.

Pero no basta con reducir el número de reclusos; se debe, además, sanear los centros de reclusión, eliminar los llamados autogobiernos –que son, en realidad, administraciones de las mafias–, combatir la corrupción que los caracteriza y garantizar la observancia de los derechos básicos de los infractores.

Estos y otros propósitos están contenidos en el Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentó el equipo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, en la etapa de transición del año pasado, y constituyen el punto 7 de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública aprobada por el Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo del año en curso.

Sin embargo, en el terreno carcelario y penitenciario el cumplimiento de tales lineamientos no parece haber empezado, y si no se emprende su cumplimiento a la brevedad el país seguirá enfrentando un grave factor de fortalecimiento a la delincuencia organizada y una circunstancia que resume gravísimas anomalías en el estado de derecho.

Cabe esperar, pues, que más allá de la amnistía en proceso de aprobación y de la excarcelación de infractores responsables de delitos mínimos, se haga frente al desafío que representa el terrible estado actual de las cárceles.