La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) advirtió a los sindicatos que de no modificar sus estatutos antes de abril de 2020, después todos los actos que realicen estarán fuera de la ley. Y exhortó a las autoridades estatales a inducir a las organizaciones gremiales locales a hacer los cambios correspondientes establecidos en la reforma laboral.

En un encuentro con titulares de las secretarías del Trabajo, los tribunales superiores de Justicia y de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje de las primeras 10 entidades federativas donde comenzará la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, destacó que a esacala federal mil 638 sindicatos han modificado sus estatutos, lo que representa 81 por ciento de un total de 2 mil 22.

Sin embargo, dijo, a escala local es indispensable que se oriente y prevenga a las organizaciones sindicales para que adecuen sus normas antes del plazo establecido.

En la reunión, celebrada en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –la primera vez que los poderes Judicial y Ejecutivo lideran un esfuerzo de implementación como éste–, participaron autoridades de los estados de México, Baja California Sur, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas

Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo, refirió que con los cambios a los estatutos de los sindicatos se trata de garantizar el derecho de los trabajadores al voto personal, libre, directo y secreto para la elección de sus dirigentes sindicales y para la aprobación de sus contratos colectivos, así como sus revisiones.

Alcalde Luján agregó que también se tiene que trabajar con las empresas, ya que con el Acuerdo Comercial con Estados Unidos y Canadá existe la posibilidad de crear paneles en contra de aquellas que no respeten la libertad sindical y la negociación colectiva.

El líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana, Rodolfo González Guzmán, señaló que para los sindicatos es inaceptable que se permita a Estados Unidos enviar agregados laborales para evaluar la reforma laboral.

Señaló que en el fondo el interés de Washington es detectar presuntas anomalías para que las empresas de ese país que tienen plantas en México regresen allá.