Por lo documentado en las asambleas regionales realizadas a fines de noviembre en Quintana Roo y Campeche, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible expuso que ve con “preocupación que el proceso consultivo no cumple los principios marcados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En un pronunciamiento, la organización indicó que dicho convenio obliga a realizar una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada y no sólo enunciativamente, sino en los hechos, constituyendo una violación a los derechos de las comunidades del pueblo maya, quienes mediante demandas de amparo podrían promover su judicialización.

La asociación civil señaló que entre las irregularidades documentadas en la primera fase de la consulta está el hecho de que el gobierno mexicano no está buscando el consentimiento previo de los pueblos originarios sobre la ejecución del megaproyecto del Tren Maya, sino únicamente conocer sus opiniones.

Además, sostuvo que la consulta indígena no cumple el principio de ser informada, pues los datos disponibles sobre el proyecto, sus componentes y montos de inversión no han permitido ni el análisis ni la comprensión de las afectaciones de este megaproyecto sobre los territorios y la vida de las comunidades indígenas. Hubo ausencia de estudios de impacto.

También fue nula la información sobre los polos de desarrollo e incumplió los principios de libre, informada y culturalmente adecuada al convocar como representantes de la comunidad sólo a las autoridades agrarias y locales, lo que inhibió la asistencia del resto de la comunidad, limitando su derecho. Conforme al estándar internacional, son las propias comunidades las que deben designar y asignar sus representaciones para este tipo de ejercicios.