l cumplirse una semana de protestas en contra de la reforma al sistema de pensiones, los sindicatos franceses llamaron a aumentar la movilización y advirtieron al gobierno del presidente Emmanuel Macron que no habrá una tregua navideña en la huelga de transportes, a menos que se retire la polémica propuesta presentada por el primer ministro, Edouard Philippe, con la finalidad de simplificar el sistema a expensas de la edad de retiro. En los ocho días de huelga, el transporte público se ha paralizado en París y en varias de las ciudades más importantes, se han presentado cancelaciones o retrasos en vuelos, cerraron escuelas de educación básica y media, además de que siete de las ocho refinerías de la nación detuvieron su producción en medio de jornadas de paro a las que también se sumaron policías, recolectores de basura, abogados, jubilados e integrantes del movimiento de los chalecos amarillos.

Esta nueva oleada de indignación popular en contra del programa neoliberal del mandatario (que actualizan la iniciada en octubre del año pasado ante el intento de aplicar un gasolinazo enmascarado de ambientalismo) ha exacerbado los ánimos sociales en dos sentidos: primero, por la crispación que produce entre los franceses cualquier ataque a un esquema de pensiones considerado elemento esencial del pacto social y, segundo, por las severas afectaciones a la vida cotidiana que, en lo inmediato, genera la resistencia organizada al embate gubernamental; en estos días los ciudadanos han debido encarar desde embotellamientos y caos vial por la ausencia de transporte público hasta cortes en el servicio eléctrico por la adhesión del sector a las protestas.

De manera paralela a este pulso entre los trabajadores y el gobierno proempresarial, el lunes pasado culminó el proceso judicial en contra de Jean-Luc Mélenchon, presidente del partido La Francia Insumisa. El líder de izquierda recibió una condena de tres meses de prisión (exentos de cumplimiento) y ocho mil euros de multa por haber encarado a los integrantes de la fuerza pública que allanaron oficinas de su partido en el contexto de una investigación por financiamiento irregular en octubre del año pasado. Como señaló el propio Mélenchon, el culebrón judicial que se armó en su contra no puede entenderse por separado de las 3 mil condenas que el aparato jurídico francés ha dictado a chalecos amarillos a lo largo de un año, en lo que constituye un claro designio intimidatorio en contra de las expresiones de oposición política y social. Se trata de una señal alarmante, pues la judicialización de un dirigente partidista que simpatiza de manera abierta con las protestas en curso da a la crisis un inocultable giro represivo, absolutamente contrario a la democracia y a las libertades de las que tanto se precia el Estado francés.

En suma, la evolución de los acontecimientos muestra que, además de las pérdidas económicas causadas por el empecinamiento gubernamental en sacar adelante una agenda de choque frontal con los intereses de las mayorías, en Francia se encuentra en curso una pérdida incluso más preocupante: la de las libertades políticas.