Viernes 13 de diciembre de 2019, p. 36
Personaje ligado a René Bejarano Martínez –ex militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD)–, el ex subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas capitalina Miguel Ángel Vázquez Reyes se convirtió en uno de los funcionarios más poderosos del gobierno de Miguel Ángel Mancera al tener el control de la nómina de más de 320 mil trabajadores de la administración local.
Ingresó al Gobierno de la Ciudad de México en 2000 como director de Relaciones Laborales de la Oficialía Mayor, desde donde inició su relación con el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del entonces Distrito Federal.
En 2007 fue nombrado representante del PRD ante el Instituto Electoral local, desde donde impulsó la campaña de Mancera para jefe de Gobierno, quien después de ganar la elección lo nombró director general de Administración y Desarrollo de Personal, que en 2017 se convirtió en la Subsecretaría de Administración y Capital Humano, y se le otorgan facultades para asumir la representación patronal en todas las negociaciones con el sindicato.
Desde ese puesto y junto con Juan Ayala, ex líder del sindicato de trabajadores del gobierno local, Vásquez fue responsable de la promoción de más de 30 mil plazas con el esquema de Nómina 8, que consistía en dar contratos anuales y prestaciones como seguridad social a trabajadores eventuales, con la promesa de basificarlos, lo que no cumplió, como estrategia para lograr el apoyo a una eventual candidatura presidencial del entonces jefe de Gobierno.
En febrero de 2018, Mancera lo nombró jefe del gabinete, cargo que conservó incluso después de que el ex procurador capitalino dejó el gobierno para buscar la candidatura a la Presidencia de la República, y desde el cual trató de empantanar el proceso de entrega-recepción del nuevo gobierno, contradiciendo las órdenes del titular del Ejecutivo local sustituto, José Ramón Amieva.
Hoy Miguel Ángel Vásquez tiene abierto un proceso penal por su presunta responsabilidad en el manejo indebido de recursos públicos.
