Con el propósito de modificar la concepción que se tiene de la pena de prisión como medio para resarcir o pagar un delito, las comisiones de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados aprobarán este jueves el dictamen de la Ley de Amnistía.

Se prevé que la solicitud de amnistía pueda ser presentada por los familiares de los posibles beneficiarios, la cual será analizada por una comisión –el dictamen no prevé cómo se integrará ésta–, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, y jueces federales determinarán si es viable concederla.

Las comisiones explican que la amnistía sólo extinguirá las acciones penales en delitos de carácter federal, pero dejará subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de las personas que puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas.

Se considera que la amnistía podrá aplicar para procesados, sentenciados y prófugos por delitos de aborto, consumo de drogas, ilícitos perpetrados por indígenas, robo simple y sin violencia, y sedición, pero no aplica para delitos de alto impacto, como los que ameritan prisión preventiva oficiosa: genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos, ni los cometidos con armas de fuego.

Para las comisiones legislativas, que sesionarán esta tarde –con la perspectiva de que el dictamen pueda ser discutido la próxima semana–, la amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador va en el sentido de lograr la pacificación del país, en beneficio de un bien superior.

Con ese beneficio, agrega, en busca de un bien mayor, el Estado renuncia a su potestad penal de determinados actos punibles, que con la amnistía dejan de tener ese carácter criminal, creando de esta forma un salto hacia delante en busca del entendimiento, el respeto, la paz y la libertad social y, sobre todo, rencauzar dentro del marco constitucional, un número de tipos penales limitado.

En el dictamen se plantea que la iniciativa del Ejecutivo no se limita a las materias de seguridad pública o de justicia, sino que aborda la reconstrucción del tejido social, así como la deuda de un Estado que abandona una visión punitiva en temas que definen su arreglo con la ciudadanía, como el aborto, el consumo lúdico de mariguana y la no criminalización de la protesta.

También se busca eliminar la relación inversa entre el acceso a la justicia y la condición económica, en el sentido de que a buena parte de personas encarceladas no se les garantizó el debido proceso, por falta de recursos económicos y, en el caso de los indígenas, ante la ausencia incluso de un traductor.

La bancada del PAN objetó la ley y señaló que se podría liberar a casi 300 mil personas que han cometido robo simple o están acusadas de narcomenudeo, además de que se deja de lado un esquema de garantías para las víctimas.

También cuestionó que, en los artículos transitorios, se define que Gobernación impulsará con los gobiernos estatales la aprobación de leyes similares, previsión que consideró una injerencia en la soberanía de las entidades.