Ayer fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) sigue sin titular, sólo tiene un encargado. Además, el organismo tuvo una reducción presupuestal de 26 millones de pesos, al pasar de 59 millones en 2019 a 33.5 para 2020.

La población con alguna discapacidad presenta altos niveles de pobreza y mayores dificultades para ejercer plenamente sus derechos sociales, en comparación con otros grupos de población. Además, casi la mitad está en pobreza, de acuerdo con datos a 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Se estima en 7.1 millones la población con discapacidad.

A un año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha designado al titular del Conadis; el encargado es el contador Daniel Vélez Ramírez, a quien corresponde esa función de acuerdo con el estatuto orgánico del organismo descentralizado, adscrito a la Secretaría de Bienestar. Entre sus fines está definir una política para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos.

Se trata del órgano rector de políticas públicas en discapacidad con reconocimiento nacional e internacional por su liderazgo, innovación y experiencia, indica en su página de Internet.

Las personas que padecen alguna condición discapacitante presentan mayor demanda de asistencia sanitaria y necesidades insatisfechas, indica el Coneval. En 2018, 48.6 por ciento estaba en pobreza y 9.8 en pobreza extrema.

Agrega que en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 se presentaron recomendaciones para atender a este grupo de población. En materia de educación, es necesario garantizar que las instalaciones cuenten con mobiliario y materiales para personas con discapacidad, así como explorar alternativas para incrementar su inclusión escolar y la conclusión de sus estudios.

En seguridad social se recomienda establecer una pensión universal de invalidez para discapacidad total financiada con impuestos generales, entre otros puntos.